El juez del 'caso Alhaurín' impone fianzas a 10 de los 19 empresarios imputados

La segunda fase de la Operación Troya sobre las irregularidades urbanísticas en Alhaurín el Grande (Málaga) se cerró ayer con la declaración ante el juez Carlos Peinado de los últimos cinco promotores inmobiliarios detenidos el martes. El instructor del caso dejó en libertad con cargos de cohecho e inducción a la prevaricación urbanística a todos, aunque a dos de los empresarios les exigió una fianza de 20.000 euros. Más de cien personas, encabezadas por el alcalde, Juan Martín Serón (PP), se congregaron ante los juzgados de Coín para apoyar a los imputados.

El alcalde, Juan Martín Seró...

La segunda fase de la Operación Troya sobre las irregularidades urbanísticas en Alhaurín el Grande (Málaga) se cerró ayer con la declaración ante el juez Carlos Peinado de los últimos cinco promotores inmobiliarios detenidos el martes. El instructor del caso dejó en libertad con cargos de cohecho e inducción a la prevaricación urbanística a todos, aunque a dos de los empresarios les exigió una fianza de 20.000 euros. Más de cien personas, encabezadas por el alcalde, Juan Martín Serón (PP), se congregaron ante los juzgados de Coín para apoyar a los imputados.

El alcalde, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, detenidos el 17 de enero en la primera fase de la operación y en libertad bajo fianza de 100.000 euros, intercambiaron saludos y abrazos con los empresarios liberados por el juez poco después del mediodía. Ambos ediles están acusados de exigir 121.000 euros a un promotor, José Burgos Leiva, a cambio de no paralizarle una obra iniciada gracias a una vivienda que el concejal de Urbanismo reconoce en una grabación que es irregular.

El balance de la segunda fase de la Operación Troya es el siguiente: diez empresarios en libertad bajo fianza -cuatro de ellos con 50.000 euros, uno con 30.000, tres con 25.000 y dos con 20.000- y otros nueve en libertad con cargos y sin fianza. Ninguno de los arrestados por el grupo de blanqueo en la operación simultánea del pasado martes ha ingresado en prisión.

El titular del juzgado de instrucción acusa a todos los imputados de cohecho e inducción a la prevaricación urbanística. Diez de los detenidos son naturales de Alhaurín el Grande (20.070 habitantes) y el resto viven en otras localidades de Málaga, pero tienen intereses inmobiliarios en la localidad. El juez considera que pagaron dinero a cambio de resoluciones urbanísticas favorables.

Los últimos arrestados -cuatro hombres y una mujer- llegaron a la sede judicial a primera hora de la mañana esposados entre sí tras pasar su segunda noche en la Comisaría Provincial de Málaga. Las declaraciones se prolongaron hasta media mañana, cuando el juez fijó los cargos y las fianzas. El imputado Francisco Conejo aseguró "no entender" los motivos y la forma de su detención y se declaró "inocente". Otro detenido, Pedro Martín, afirmó que en todo momento actuó "como debía".

Tras la salida de los últimos imputados, que fueron recibidos entre lágrimas de sus familiares y aseguraron estar "con la cabeza muy alta", el alcalde de Alhaurín atendió a los medios de comunicación. En un tono notablemente más sosegado que tras las detenciones del martes -cuando acusó a juez, fiscal y Cuerpo Nacional de Policía de "persecución política" tras ganar las elecciones municipales- Martín Serón aseguró que el caso "terminará archivándose tarde o temprano", y consideró que la Justicia está cometiendo un "tremendo error con Alhaurín, en el fondo y en la forma". El regidor reiteró que tanto él como el concejal de Urbanismo y los empresarios imputados son "inocentes" y aseguró que los cargos de cohecho que pesan contra ellos "no se han demostrado lo suficiente". La Policía intervino en el registro de una vivienda de Martín Serón 63.000 euros en efectivo así como 7.000 euros en billetes de 500 en su despacho del Ayuntamiento, cuando fue detenido en enero en Marbella tras un mitin de Mariano Rajoy.

Disculpas a los medios

Varios de los imputados, y posteriormente el alcalde, acusaron a la Policía de "pasearles" por el pueblo por la mañana camino del juzgado con las sirenas puestas. El regidor expresó sus "disculpas" con los medios de comunicación tras la tumultuosa rueda de prensa del pasado martes en la que estuvieron presentes medio centenar de familiares y amigos de los detenidos. "Les pido disculpas si alguien, incluido yo, se ha exaltado o ha dicho algo fuera de tono", dijo el alcalde. El miércoles, la Asociación de la Prensa de Málaga rechazó, en referencia al caso Alhaurín, las "reiteradas actitudes de falta de respeto profesional" a los periodistas por parte de representantes de instituciones públicas y particulares.

Por otro lado, Antonio Rueda, presidente de la Asociación de Empresarios de Alhaurín el Grande, calificó de "totalmente incierto" que se hubiera presionado a comerciantes de la localidad para que cerraran sus establecimientos el martes por la tarde en señal de protesta por las detenciones de los empresarios. "Un grupo de asociados decidió parar por solidaridad con los detenidos e invitó a otros a hacer lo mismo, pero no hubo presiones de ningún tipo", afirmó el representante de la patronal.