El Ayuntamiento de Barcelona, denunciado por contratación fraudulenta

Siete trabajadores del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona han denunciado al Ayuntamiento en los juzgados de lo Social por "prácticas de contratación fraudulenta". El abogado del Colectivo Ronda, Josep Pérez, que asesora a los trabajadores, afirma que se trata de un caso de "cesión ilegal de trabajadores bajo la apariencia de subcontratación legal", que viene sucediendo ininterrumpidamente desde 1998, año en que los siete empleados, que trabajan como auxiliares de archivo, fueron contratados.

Los empleados realizan tareas de atención al público y documentación y, según el abogad...

Siete trabajadores del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona han denunciado al Ayuntamiento en los juzgados de lo Social por "prácticas de contratación fraudulenta". El abogado del Colectivo Ronda, Josep Pérez, que asesora a los trabajadores, afirma que se trata de un caso de "cesión ilegal de trabajadores bajo la apariencia de subcontratación legal", que viene sucediendo ininterrumpidamente desde 1998, año en que los siete empleados, que trabajan como auxiliares de archivo, fueron contratados.

Los empleados realizan tareas de atención al público y documentación y, según el abogado, "el convenio dice que son una parte intrínseca del archivo". Pérez ha calificado esta situación como de "privatización y precarización" del empleo, ya que el consistorio está subcontratando una categoría profesional y no un servicio completo a la empresa Magma Servicios Culturales, adjudicataria del concurso, que también ha sido denunciada por este hecho.

Los contratados perciben 634 euros netos al mes por 14 pagas. Si se reconociera su actividad pública, estarían sujetos a un convenio que elevaría su sueldo a 1.200 euros mensuales.

Se da la circunstancia de que el candidato del PSC por Barcelona, Jordi Hereu, se comprometió el lunes a trabajar para que las contratas y subcontratas municipales no paguen a sus trabajadores salarios inferiores de menos de 1.000 euros al mes.

A causa de estos hechos, el nuevo concurso para este servicio público, que se abrió el 10 de mayo y se prevé adjudicar en un plazo de 15 días, ha sido impugnado por UGT, CGT y CC OO.