La Generalitat pedirá la nulidad del proceso a Companys
El Gobierno catalán considera que la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica permitirá la anulación del consejo de guerra franquista que condenó a muerte al ex presidente de la Generalitat republicana, Lluís Companys, fusilado el 15 de octubre de 1940 en el Castillo de Montjuïc de Barcelona tras un juicio sumarísimo el día anterior.
El Ejecutivo que preside José Montilla prevé personarse como "institución afectada" ante los tribunales una vez entre en vigor la norma que declarará "ilegítimos" los juicios efectuados por el franquismo. Fuentes de la Generalitat creen que este punto p...
El Gobierno catalán considera que la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica permitirá la anulación del consejo de guerra franquista que condenó a muerte al ex presidente de la Generalitat republicana, Lluís Companys, fusilado el 15 de octubre de 1940 en el Castillo de Montjuïc de Barcelona tras un juicio sumarísimo el día anterior.
El Ejecutivo que preside José Montilla prevé personarse como "institución afectada" ante los tribunales una vez entre en vigor la norma que declarará "ilegítimos" los juicios efectuados por el franquismo. Fuentes de la Generalitat creen que este punto puede utilizarse como prueba "preconstitutiva" para que los tribunales declaren nulas las sentencias de consejos de guerra franquistas.
Tanto el Gobierno catalán como casi todos los partidos políticos, especialmente ERC, al que pertenecía Companys, han reclamado históricamente la "restauración de la dignidad nacional catalana" a través de la revisión y anulación de la condena al que fuera presidente de la Generalitat durante la Guerra Civil.
En 2004, en un acto ante la tumba de Companys al cumplirse el 64º aniversario de su fusilamiento, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció la apertura de un proceso para "restablecer la dignidad y el honor" del ex presidente republicano.
El Gobierno catalán anunció ayer que ofrecerá "apoyo jurídico" a las personas que quieran solicitar la anulación de los juicios sumarísimos de sus familiares, según informó el secretario general de Relaciones Institucionales, Joan Boada.