Archivada la denuncia por irregularidades en el cobro del IAE en Vitoria
El equipo de gobierno del PP en Vitoria se tomó ayer un respiro en las críticas de la oposición a su gestión. El teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Javier Maroto, reveló el archivo de la denuncia que un funcionario municipal interpuso contra él mismo y el alcalde. Alfonso Alonso, por supuesta pasividad al cobrar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a 18 bancos y la empresa Michelín. La euforia fue breve. Dos horas después, la comisión de investigación local sobre presuntas irregularidades urbanísticas aprobaba sus conclusiones, en las que pide al pleno que remita al fiscal toda...
El equipo de gobierno del PP en Vitoria se tomó ayer un respiro en las críticas de la oposición a su gestión. El teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Javier Maroto, reveló el archivo de la denuncia que un funcionario municipal interpuso contra él mismo y el alcalde. Alfonso Alonso, por supuesta pasividad al cobrar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a 18 bancos y la empresa Michelín. La euforia fue breve. Dos horas después, la comisión de investigación local sobre presuntas irregularidades urbanísticas aprobaba sus conclusiones, en las que pide al pleno que remita al fiscal toda la documentación sobre los casos de las urbanizaciones de chalés de Ali e Ibaiondo.
Sin tener el auto en la mano, Maroto anunció que la juez ha decidido el archivo y exigió que la oposición pida "perdón". "La imagen del gobierno municipal queda absolutamente saneada con esta decisión", apuntó.Maroto también se refirió a los casos de Ali e Ibaiondo. "Si en lugar de denunciar las supuestas irregularidades en los medios de comunicación la oposición hubiese llevado el caso a los tribunales desde un principio, posiblemente" el asunto se hubiese archivado.
De momento, la oposición decidió ayer elevar a la Fiscalía de la Audiencia de Álava las conclusiones definitivas de la comisión de investigación, por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito. La decisión se hará firme en el pleno de mañana, viernes. El texto estima que existen "indicios suficientes y claros de graves irregularidades" en los dos casos y que "las actuaciones y decisiones adoptadas por los responsables políticos implicados" son "presuntamente constitutivas de algún tipo de delito".