Prisiones sopesa su posición ante el fin del convenio con el Ejecutivo

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, eludió ayer explicar qué postura adoptará ante el vencimiento hoy del convenio por el que el Gobierno autónomo presta diversos servicios en las tres cárceles vascas (las de Basauri, Martutene y Nanclares de la Oca). El Ejecutivo de Vitoria decidió el pasado mes de febrero no renovar de nuevo ese convenio, en vigor desde 1994, por la negativa de la Administración central a negociar el traspaso de la competencia sobre prisiones con el argumento de que la política en esta materia forma parte de la lucha...

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, eludió ayer explicar qué postura adoptará ante el vencimiento hoy del convenio por el que el Gobierno autónomo presta diversos servicios en las tres cárceles vascas (las de Basauri, Martutene y Nanclares de la Oca). El Ejecutivo de Vitoria decidió el pasado mes de febrero no renovar de nuevo ese convenio, en vigor desde 1994, por la negativa de la Administración central a negociar el traspaso de la competencia sobre prisiones con el argumento de que la política en esta materia forma parte de la lucha antiterrorista.

Instituciones Penitenciarias no quiso ayer ni siquiera responder al comunicado hecho público por el Departamento de Justicia, en el que se acusa a la Administración central de "soberbia" y "prepotencia" y se reitera la intención de seguir manteniendo las prestaciones que ofrece actualmente a los reclusos en materis sanitaria, educativa y asistencial.

Los portavoces de Instituciones Penitenciarias consultados por este periódico eludieron entrar en polémica con el Ejecutivo autónomo y señalaron únicamente que analizarán en qué se puede ver afectada la atención a los reclusos. En principio, la decisión del Gobierno no les repercutirá de ningún modo.

Las fuentes citadas limitaron también el alcance de la decisión, ya que, según señalaron, las intervenciones reguladas en el convenio denunciado por el Ejecutivo no afectan a servicios básicos, aunque reconocieron que "refuerza y mejora la calidad de la atención" a las personas internas.