El 60% de las viviendas del Instituto Catalán del Suelo serán de protección

El promotor del Gobierno catalán se compromete a generar suelo para 400.000 pisos

La propuesta de pacto nacional para la vivienda prevé la generación de suelo suficiente para construir unas 400.000 viviendas, de las que 160.000 tienen que ser protegidas. El factor principal de esta generación de suelo tiene que ser el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que, además, promoverá la construcción de viviendas, a veces directamente, otras en consorcio con municipios o promotores privados. El pacto incluye un compromiso por parte del Incasòl: que el 60% de las viviendas que se promuevan en terrenos suyos tendrán algún tipo de protección.

Una pregunta clave para determina...

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La propuesta de pacto nacional para la vivienda prevé la generación de suelo suficiente para construir unas 400.000 viviendas, de las que 160.000 tienen que ser protegidas. El factor principal de esta generación de suelo tiene que ser el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que, además, promoverá la construcción de viviendas, a veces directamente, otras en consorcio con municipios o promotores privados. El pacto incluye un compromiso por parte del Incasòl: que el 60% de las viviendas que se promuevan en terrenos suyos tendrán algún tipo de protección.

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Una pregunta clave para determinar la viabilidad del futuro pacto nacional para la vivienda es saber si el Gobierno catalán será capaz de generar el suelo al que se compromete: suficiente para 400.000 viviendas, de las que 160.000 deben ser nuevas y protegidas, aunque otros tipos de ayudas deben beneficiar a 80.000 viviendas más.

Las cifras del Gobierno son bastante claras. De aquí a 2016 se colocarán en el mercado 400.000 viviendas, sumando las de nueva construcción y las que hoy están vacías o infrautilizadas y, por alguna vía, se logrará que sean vendidas o alquiladas.Estas casas permitirán alojar a las nuevas familias que, según las proyecciones de población del Instituto Catalán de Estadística, se formarán hasta ese año. De éstas, 240.000 necesitarán algún tipo de ayuda o protección. Un total de 160.000 de estas demandas se cubrirán con vivienda pública de nueva construcción.

Parque en rotación

Para cubrir las 80.000 necesidades restantes, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda cuenta con que las promociones realizadas directamente por los ayuntamientos (en solitario o en consorcio) generen unas 40.000 viviendas más. Otras 20.000 familias se deben beneficiar de ayudas al alquiler y préstamos a la emancipación y rehabilitación. Las 20.000 restantes proceden de movimientos de rotación de pisos protegidos. En este sentido, los cambios en el tratamiento de la protección oficial de venta deben permitir la creación de un mercado de vivienda protegida de segunda mano.

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Ahora hay un mercado de segunda mano, en ocasiones negro, en el que el propietario vende a quien le parece y la Administración, aunque podría ejercer el retracto, raramente interviene. Con la nueva normativa, cuando alguien decide vender el piso debe hacerlo a quien decida la Administración. El comprador será alguien inscrito en una lista de aspirantes a vivienda de protección pública.

Para obtener el suelo suficiente, el Gobierno cuenta, para empezar, con las reservas del Incasòl y con los terrenos que ha generado la planificación urbana realizada desde 2004, cuando entró en vigor la ley de Urbanismo reformada. Sólo este suelo permite construir hoy una cantidad de viviendas de entre 25.000 y las 30.000.

Inventario de suelo

Además, están las aportaciones de suelo derivadas de la planificación anterior a 2004. Entonces sólo se reservaba el 10% del suelo, pero posiblemente en conjunto arrojen superficie para más viviendas. Son terrenos ahora de propiedad municipal, cuya cuantía no es posible aún establecer. El Incasòl está trabajando, junto con los ayuntamientos, en inventariar estas parcelas.

La tercera fuente de suelo para vivienda pública vendrá de las aportaciones que deban realizar los promotores privados. Cabe que éstos asuman la construcción de los procentajes que les corresponda o formar algún consorcio que permita trabajar conjuntamente a las iniciativas pública y privada.

Con todos estos terrenos, los responsables del Incasòl afirman que se puede hablar ya de suelo suficiente para la construcción de unas 100.000 viviendas, la mitad públicas. El Incasòl tiene diversos terrenos y algunos tendrán el papel de elemento dinamizador de los nuevos ensanches urbanos. Pero eso no se hará público hasta que esté todo bien atado y concluya la redacción del Plan Sectorial de la Vivienda, porque cualquier filtración podría suponer un movimiento especulativo del resto de propietarios de una zona en la que el Incasòl tenga suelo.

La protección en futuras promociones

En las futuras promociones de vivienda caben dos posibilidades. En el cuadro A la totalidad del suelo por urbanizar pertenece al Incasòl. En este caso, el 60% de las viviendas serán de protección. En este porcentaje se incluye el 10% que hay que ceder al municipio para construir viviendas protegidas. Ahora bien, cabe también las posibilidad B, que es la más probable: en este caso, el Incasòl dispone de una parte de terreno, pero el ensanche de la población a la que corresponda necesita de una extensión mayor y el resto del suelo pertenece a otros propietarios que pueden ser públicos (municipios, diputaciones) o privados. En este caso, Incasòl y el resto de propietarios pueden formar un consorcio y actuar mancomunadamente o cada uno por separado. En cualquier caso, el 60% de las viviendas que correspondan al suelo propiedad del Incasòl será de tipo protegido. En el resto de los solares, si el municipio tiene menos de 20.000 habitantes, los promotores privados deberán destinar a vivienda protegida el 20% del techo construido y el 10% a vivienda concertada en municipios con más de 20.000 habitantes, además del 10% por entregar al consistorio. Estas viviendas no podrán estar todas agrupadas, sino que deberán quedar distribuidas en el conjunto del terreno para evitar una hipotética formación de guetos.

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