Las tramas paralelas a Roca forzaron la actuación policial
La operación Malaya gira en torno al poder en la sombra que ejercía el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca para manejar a su antojo las decisiones que se adoptaban en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y beneficiarse económicamente de ellas, aunque según los investigadores fue la avaricia de las personas de su entorno y las ansias de controlar esa fuente de ingresos fáciles lo que hizo que las personas extorsionadas amenazaran con denunciar y se acelerara la actuación policial.
De forma paralela a las supuestas actividades ilícitas comandadas por Roca, se han detectado e investig...
La operación Malaya gira en torno al poder en la sombra que ejercía el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca para manejar a su antojo las decisiones que se adoptaban en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y beneficiarse económicamente de ellas, aunque según los investigadores fue la avaricia de las personas de su entorno y las ansias de controlar esa fuente de ingresos fáciles lo que hizo que las personas extorsionadas amenazaran con denunciar y se acelerara la actuación policial.
De forma paralela a las supuestas actividades ilícitas comandadas por Roca, se han detectado e investigado una serie de tramas entre las que se encuentra la venta de vehículos robados después de ser retirados por la grúa municipal, la concesión irregular de la publicidad de marquesinas y autobuses, o tratos directos de empresarios con la primera teniente alcalde, Isabel García Marcos, para construir un geriátrico. En la última parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto también se recogía la declaración de una mujer que aseguraba haber cedido su coche a la Policía Local como pago para que solucionaran unos problemas judiciales.
El juez instructor del caso Malaya destaca en uno de sus autos la avidez del el ex concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez, por cobrar comisiones a los empresarios por su labor. "Exigía dinero de forma periódica por permitirle ejercer su actividad a modo de impuesto revolucionario". Uno de los empresarios, apurado por tantos requerimientos, consiguió que rebajara una mordida de 30.000 euros a 12.000 euros a fuerza de enviarle cajas de puros e invitarle a comidas.
García Marcos trabajaba fundamentalmente a través de lo que ella llamaba "su empresa". "Papel que muevo, papel que cobro", decía en una de las conversaciones grabadas por los investigadores. Según la policía, planeó lucrarse y beneficiar al ex concejal José Jaén y a sus familiares tras autorizar un proyecto de una clínica geriátrica a la empresa Orpea. El administrador de la empresa, Ángel Rodríguez, ofreció "una participación en los beneficios" a García Marcos, que preparó un borrador de contrato con la sociedad, aunque finalmente no salió adelante.