Montilla anuncia la aprobación de 60 leyes, de las que 20 son nuevas

El Gobierno buscará el apoyo de CiU para aprobar la Ley Electoral

El Gobierno de José Montilla centrará su labor legislativa en aprobar leyes pendientes de la etapa de Pasqual Maragall. Así se desprende del plan de Gobierno al que hoy dará luz verde el Ejecutivo y que prevé llevar al menos 60 leyes al Parlament hasta 2009. De éstas, 40 son reformas de leyes ya en vigor o proyectos iniciados durante la anterior legislatura, mientras que 20 son textos nuevos. El Gobierno hará un segundo intento para aprobar leyes controvertidas como la Electoral, la de Organización Territorial y la de la Oficina Antifraude.

El equipo de José Montilla se ha propuesto un ...

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El Gobierno de José Montilla centrará su labor legislativa en aprobar leyes pendientes de la etapa de Pasqual Maragall. Así se desprende del plan de Gobierno al que hoy dará luz verde el Ejecutivo y que prevé llevar al menos 60 leyes al Parlament hasta 2009. De éstas, 40 son reformas de leyes ya en vigor o proyectos iniciados durante la anterior legislatura, mientras que 20 son textos nuevos. El Gobierno hará un segundo intento para aprobar leyes controvertidas como la Electoral, la de Organización Territorial y la de la Oficina Antifraude.

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El equipo de José Montilla se ha propuesto un objetivo legislativo que, en términos cuantitativos, es idéntico al de Pasqual Maragall: 60 leyes en una legislatura. El anterior presidente, con una legislatura anormalmente corta, se marchó habiendo aprobado 51 y dejando cerca de 30 textos más en diferente fase de elaboración. Por este motivo, el actual Ejecutivo se ha planteado recuperar buena parte de los proyectos del anterior Gobierno y llevarlos al Parlament.

La aventura más compleja será, sin duda, la aprobación de una Ley Electoral catalana y de Organización Territorial. Fuentes del Gobierno admitían ayer las dificultades de estos dos textos y avanzaron que sólo se aprobarán si logran alcanzar un consenso con Convergència i Unió (CiU). Tampoco se prevé que sea un camino de rosas la puesta en marcha de la Oficina Antifraude, fuente de innumerables desencuentros entre el Partit dels Socialistes y Esquerra en la anterior legislatura y cuyo proyecto de ley fue duramente cuestionado por el Consejo Consultivo. Socialistas y republicanos tuvieron serias dificultades para ponerse de acuerdo sobre el alcance de esta oficina y acerca de si podía investigar o no a los ayuntamientos.

De la veintena de leyes que no se iniciaron con el Gobierno anterior, destacan algunas con notable calado social, como la Ley de Acogida de Inmigrantes, la que regulará el Pacto de Ciudadanía entre hombres y mujeres y la que pondrá las bases legales para luchar contra la homofobia. En el ámbito económico, las leyes estrictamente nuevas serán las de Defensa de la Competencia, la que regulará la Sindicatura de Cuentas, la de Fomento de la Ciencia y la Innovación, y la que pondrá orden en la gestión del patrimonio de la Generalitat.

Pero el plan de Gobierno también ha permitido ver cómo decaen algunas prioridades expresadas por consejeros de la Generalitat. Y algunas de ellas no poco simbólicas. El mes pasado, el consejero de la Vicepresidencia, Josep Lluís Carod Rovira, anunció que un grupo de expertos estaba analizando la Ley de Normalización Lingüística para determinar si, con el nuevo Estatuto, hacía falta reformarla. Los expertos no han terminado su labor, explicaron ayer fuentes del departamento de Carod, pero lo cierto es que el Gobierno ha decidido no incluir esta reforma en su plan cuatrienal.

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