Una ley francesa criminaliza la difusión de imágenes violentas
Grupos de defensa de la libertad de expresión, así como la organización Reporteros sin Fronteras, han denunciado la criminalización de la difusión por Internet de imágenes violentas, tal y como queda establecida en uno de los artículos de la nueva Ley de prevención de la delincuencia aprobada el mes pasado por el Parlamento francés. En su artículo 26 bis, la ley introduce una nueva figura incriminatoria, la de la difusión de las imágenes obtenidas por la práctica del llamado happy slapping, consistente en filmar una agresión o un acto violento con la cámara del teléfono móvil y difundir...
Grupos de defensa de la libertad de expresión, así como la organización Reporteros sin Fronteras, han denunciado la criminalización de la difusión por Internet de imágenes violentas, tal y como queda establecida en uno de los artículos de la nueva Ley de prevención de la delincuencia aprobada el mes pasado por el Parlamento francés. En su artículo 26 bis, la ley introduce una nueva figura incriminatoria, la de la difusión de las imágenes obtenidas por la práctica del llamado happy slapping, consistente en filmar una agresión o un acto violento con la cámara del teléfono móvil y difundir la grabación posteriormente por Internet.
Este delito no figuraba en el texto original del proyecto de ley elaborado por el equipo del ministro del Interior y candidato a la presidencia francesa, Nicolas Sarkozy. Pero a mediados de febrero, cuando el texto legal pasó por el Senado, los legisladores introdujeron una enmienda en este sentido, coincidiendo con una serie de casos de violencia de alumnos contra profesores y maestros, cuyas imágenes fueron difundidas en los colegios e institutos, y que crearon un gran malestar en la opinión pública francesa. Los legisladores quisieron ser especialmente duros y fijaron una pena específica de hasta un máximo de cinco años de prisión y 75.000 euros de multa por la sola difusión de las imágenes. La ley excluye específicamente a "los periodistas profesionales".
Reporteros sin Fronteras y otros colectivos de defensa de la libertad de expresión en Internet dudan de las buenas intenciones del ministro del Interior y sospechan que el objetivo es otro. Consideran que lo que en realidad prohíbe es la denuncia las prácticas violentas del poder y se remiten concretamente a las imágenes de las brutalidades policiales que surgen periódicamente en la Red y que, como en el caso de la rebelión de las barriadas de 2005 y otros incidentes concretos han permitido identificar a los autores. La ambigüedad del texto legal, aseguran estos colectivos, permitiría por un lado que los periodistas pusieran en la red impunemente todas las imágenes de happy slapping que quisieran, pero mandaría a la cárcel a un ciudadano que denunciara una paliza de las fuerzas del orden.