Justicia pide más implicación municipal para controlar el cobro de la renta básica

El Gobierno necesita una mayor implicación de los ayuntamientos para poder controlar que los perceptores de la renta básica cumplen de manera efectiva con los convenios de inserción. En esa especie de contrato, los perceptores de las ayudas, cuya financiación corresponde al Departamento de Justicia, se comprometen a intentar su incorporación al mercado laboral y a participar en los cursos de formación que sean necesarios para integrarse laboralmente. El Ayuntamiento de Vitoria es el mejor ejemplo de "cómo hay que hacer las cosas", según el Gobierno.

El viceconsejero de Inserción Social,...

El Gobierno necesita una mayor implicación de los ayuntamientos para poder controlar que los perceptores de la renta básica cumplen de manera efectiva con los convenios de inserción. En esa especie de contrato, los perceptores de las ayudas, cuya financiación corresponde al Departamento de Justicia, se comprometen a intentar su incorporación al mercado laboral y a participar en los cursos de formación que sean necesarios para integrarse laboralmente. El Ayuntamiento de Vitoria es el mejor ejemplo de "cómo hay que hacer las cosas", según el Gobierno.

El viceconsejero de Inserción Social, Manuel Vigo, advierte de que si no se controla que las ayudas van a parar a quienes realmente las necesitan e intentan su inserción, el "sistema corre peligro de no ser viable". El Gobierno financia estas subvenciones, pero son las diputaciones y los ayuntamientos los que se encargan de gestionarlas y de las tareas de control.

La renta básica, el futuro complemento de vivienda y las Ayudas de Emergencia Social (AES) forman parte del bloque de prestaciones recogido en la Ley de Exclusión Social. Para que una persona pueda acceder a cualquiera de ellas es preciso que suscriba un convenio de inserción con las administraciones. El objetivo es que los solicitantes no se limiten a cobrar un dinero, sino que se involucren en la búsqueda de soluciones a su situación. Los beneficiarios pueden discutir los términos del convenio. En caso de negarse a suscribirlo, se arriesgan a perder el subsidio que cobran en la actualidad.

Puede darse el caso de que se suprima la ayuda a la persona en proceso de inserción, de forma temporal o incluso definitiva. Realizan los convenios los servicios sociales de base de los ayuntamientos y diputaciones, encargados de su puesta en práctica. Vigo puntualiza que la implicación de los ayuntamientos en su seguimiento es vital: "El Ayuntamiento de Vitoria es el mejor ejemplo de implicación y de hacer bien las cosas. Estas buenas prácticas se deben hacer extensivas a todos los ayuntamientos".

Herramienta informática

Para ello, el Gobierno ha dotado a los municipios de una herramienta informática que permite recorrer la trayectoria de cada perceptor y conocer en cada momento sus necesidades y cómo responde a las ofertas de formación. "Esto unifica el criterio de atención en todos los municipios. Ahí se ven todas las necesidades y la trayectoria de una persona que llega hasta una ventanilla municipal en busca de apoyo. Poco a poco, los ayuntamientos la van aplicando, pero aún queda camino por recorrer. Con ese diagnóstico sabemos el esfuerzo que hace cada persona para integrarse en el mercado laboral y se es merecedora o no de la renta básica", dice Vigo.

El viceconsejero pone un ejemplo de la importancia de esa herramienta: "Si ofreces cursos de formación y el perceptor de la renta básica se niega, ¿qué haces? Es motivo para quitarle la prestación y se está llevando a cabo, especialmente en Vitoria, gracias a que su aplicación muestra toda la trayectoria y todo está perfectamente recogido. El problema es que han tenido que reforzar con seguridad privada los centros cívicos donde están las oficinas que tramitan las ayudas ante las amenazas y agresiones de quienes las pierden. Ya se han suspendido varias. Los perceptores han recurrido al juzgado y los tribunales han dado la razón al Ayuntamiento de Vitoria".

Amenazas

El Ayuntamiento de la capital alavesa está ultimando un plan para prevenir las amenazas a sus empleados. El plan incluye medidas concretas para evitar que se produzcan agresiones físicas y verbales. Ocho asistentes sociales encargadas de tramitar las ayudas denunciaron el año pasado presiones o agresiones de los perceptores al negarles o retirarles la prestación. Ello obligó al consistorio a contratar vigilantes privados en siete centros cívicos, donde se tramitan las ayudas. El protocolo que se prepara recoge la posibilidad de utilizar alarmas conectadas a la Policía Local, videocámaras, detectores de metales o cristales blindados.

Otros consistorios no sufren este tipo de agresiones y amenazas porque no se han implicado con la herramienta informática. Alegan que están saturados, cada vez se les dan más tareas y los recursos siguen siendo los mismos. Para evitar esa sobrecarga y hasta que se aprueben la ley Municipal y la de Servicios Sociales, que determinen el alcance de sus competencias y los recursos con que cuentan, el Gobierno refuerza a los técnicos de inserción de los servicios sociales de base con más de 200 especialistas.

El Ayuntamiento de Bilbao acaba de anunciar la creación de una unidad especial en la que cinco auxiliares gestionarán el 80% de las Ayudas de Emergencia Social, lo que supondrá más de 6.600 prestaciones. Esta medida debe traducirse en un mayor control de las solicitudes y una mayor agilidad en los trámites.

El viceconsejero insiste en que el Gobierno quiere generalizar el empleo de la herramienta informática de gestión porque ello supone que cada caso se encuentre perfectamente documentado y se sigue paso a paso para que la ayuda la cobre quien tiene que recibirla y posibiliten el objetivo final: la inserción normalizada en el mercado laboral. "Es fundamental para que el sistema se mantenga. La prestación es de tal calidad que si no la recibe quien de verdad la necesita, puede provocar el hundimiento del sistema. Si lo convertimos en algo alternativo al trabajo estamos perdidos", concluye Vigo.