El alcalde de San Antonio suspende el pleno de las oposiciones
El edil y el resto del grupo popular se van de la sesión para evitar explicar el escándalo
Eugenio Cañizares, alcalde popular de San Antonio de Benagéber, evitó ayer explicar el escándalo de las oposiciones municipales con una medida radical: Cañizares abandonó el pleno extraordinario en el que debía debatirse el asunto cuando se habían tratado dos de los 13 puntos del orden del día, seguido por el resto de concejales del PP y rompiendo el quórum. Los demás grupos retomaron la sesión de forma no oficial, entre acusaciones de prevaricación.
Al pleno acudieron algunos de los afectados por el escándalo de las oposiciones aparentemente fraudulentas. La protesta, sin embargo, no a...
Eugenio Cañizares, alcalde popular de San Antonio de Benagéber, evitó ayer explicar el escándalo de las oposiciones municipales con una medida radical: Cañizares abandonó el pleno extraordinario en el que debía debatirse el asunto cuando se habían tratado dos de los 13 puntos del orden del día, seguido por el resto de concejales del PP y rompiendo el quórum. Los demás grupos retomaron la sesión de forma no oficial, entre acusaciones de prevaricación.
Los grupos le acusan de prevaricación en el proceso de selección de funcionarios
Al pleno acudieron algunos de los afectados por el escándalo de las oposiciones aparentemente fraudulentas. La protesta, sin embargo, no alcanzó el tamaño que habían anunciado, y los opositores y sus familiares quedaron contrarrestados por los vecinos fieles a Cañizares. Entre unos y otros, llenaron prácticamente el hemiciclo.
El alcalde aprovechó un incidente menor (la discusión sobre si San Antonio debía aprovechar el nuevo plan de transporte público que prepara Paterna, su población matriz, para mejorar su comunicación interna) para marcharse. Un concejal de la oposición le había reprochado su falta de atención y sus bostezos durante el debate.
La estrategia, en cualquier caso, había sido trazada de antemano. Al principio de la sesión, Cañizares pidió al secretario municipal -a quien el resto de grupos considera cómplice de las irregularidades en el proceso de oposiciones- que leyera en voz alta las 19 páginas de un informe sobre el funcionamiento de los plenos extraordinarios. El alcalde lo atribuyó al Colegio de Abogados de Valencia, aunque su autor resultó ser más tarde un abogado colegiado.
Hacia el final del texto se indicaba que, en caso de que el alcalde abandonara el pleno, seguido de otros concejales y, "sobre todo", del secretario municipal, la sesión perdería su carácter oficial por falta de quórum. Así ocurrió.
El pleno llegó a votar antes de que eso sucediera la devolución al pleno del Ayuntamiento de un gran paquete de competencias que fueron delegadas a la junta de gobierno poco después de que comenzara la legislatura, en el año 2003. El alcalde perdió la votación y las competencias fueron devueltas.
La misma suerte hubieran corrido probablemente todas las cuestiones que debían tratarse en el pleno. Cañizares se mantiene como alcalde de forma precaria, gobernando en minoría después de la salida, del cargo y del Partido Popular, de Antonio Román, ex concejal de Urbanismo.
Román repitió que el caso de las oposiciones fue una de las razones que le llevaron a dimitir.
Los opositores siguieron el pleno sin provocar ningún altercado y asistieron con estupor a la espantada del edil. Todos participaron, entre noviembre y febrero, en las pruebas convocadas por el Ayuntamiento de San Antonio para cubrir de forma definitiva cinco plazas de auxiliar administrativo.
El escándalo salió a la luz en el cuarto examen, el último eliminatorio, consistente en una serie de preguntas sobre ofimática, al que llegaron 16 de los cerca de 200 candidatos iniciales. A la misma hora a la que comenzaba el ejercicio, Lola Barberán, una vecina del municipio que trabajó para el Ayuntamiento y fue despedida por el alcalde hace un año, entró en una notaria de Llíria y entregó una carta con los nombres de las cinco personas que aprobarían los exámenes y sus relaciones familiares con miembros del equipo municipal. Unos días más tarde el Consistorio publicó los resultados. La coincidencia fue total.
Ya sin el alcalde, el grupo municipal de la Plataforma Cívica y Democrática, de orientación progresista, consideró que existían claros indicios de prevaricación y que el asunto acabaría en los tribunales. El grupo socialista pidió que se hicieran públicas las actas de evaluación y que el alcalde y el secretario dieran explicaciones en el pleno.