La importancia de consensuar

Apunta el autor que el reconocimiento e igualación de derechos sociales exigirá un gran acuerdo entre las instituciones.

El Gobierno vasco y el Parlamento se han propuesto que una nueva ley de Servicios Sociales vea la luz antes de que finalice la legislatura. Para conseguirlo, el Gobierno ha iniciado un proceso de trabajo que trata de incluir a todos los agentes sociales. Reuniones, conversaciones, seminarios y jornadas lo conforman y van a jalonarlo a lo largo de los próximos meses. En breve nos plantearán un texto de anteproyecto de ley que, posteriormente, se llevará al Parlamento....

Apunta el autor que el reconocimiento e igualación de derechos sociales exigirá un gran acuerdo entre las instituciones.

El Gobierno vasco y el Parlamento se han propuesto que una nueva ley de Servicios Sociales vea la luz antes de que finalice la legislatura. Para conseguirlo, el Gobierno ha iniciado un proceso de trabajo que trata de incluir a todos los agentes sociales. Reuniones, conversaciones, seminarios y jornadas lo conforman y van a jalonarlo a lo largo de los próximos meses. En breve nos plantearán un texto de anteproyecto de ley que, posteriormente, se llevará al Parlamento.

Los servicios sociales deben asegurarse al igual que la educación, la sanidad o las pensiones

No parece que nadie dude de la necesidad de una nueva ley de Servicios Sociales para una nueva realidad social (nuevas estructuras familiares, inmigración, más conciencia de los derechos, etc.); no parece que nadie dude que la ley debe acuñar sin equívocos el derecho a los servicios sociales como un derecho exigible judicialmente, y no parece que nadie dude sobre la necesidad de concretar ese derecho en un catálogo de servicios. De una forma u otra, todos los partidos y otros agentes sociales están de acuerdo en estas cuestiones.

Sin embargo, las discrepancias surgen en cuestiones como el copago de los servicios y, sobre todo, en la estructuración del sistema y, por tanto, en las competencias de nuestra cadena de administraciones públicas (Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos). A este panorama de consensos y disensos hay que sumar las próximas elecciones de mayo que, con toda probabilidad, introducirán aceleraciones o retrasos en el proceso, y que incluirán este tema en las agendas electorales de los partidos. Además, estos mismos meses concretarán la recién aprobada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Es decir, pondrán blanco sobre negro el baremo de entrada en el sistema, las prestaciones a las que se tendrá derecho y la forma de copago de los servicios. Todo ello traerá expectativas, desilusiones, recursos, negociaciones y ruedas de prensa.

Como última pincelada del escenario, otras autonomías llevarán sus textos de leyes de Servicios Sociales a sus respectivos Parlamentos: Navarra la ha aprobado hace un mes y en Cataluña entra estas semanas en el Parlament.

En este contexto, ¿qué habría que pedirles a los que van a proponer un primer texto (el Gobierno), a los que van a enmendarlo y sancionarlo (Parlamento) y a los que vamos a intervenir en el proceso (administraciones publicas, tercer sector de acción social y otros agentes sociales)? En mi opinión, tendríamos que pedirnos el máximo nivel de diálogo social, el mejor debate y una mirada a medio y largo plazo. Dicho de otra forma, hacer un ejercicio de empatía permanente.

El Gobierno debe comprender los temores de las diputaciones, que son quienes gestionan, directa o indirectamente, la mayor parte de los servicios sociales: ¿tendré que ceder parte de mi soberanía en pro de un único sistema para todo el país?; ¿tendré que cambiar mucho de lo que ya he organizado con esfuerzo en pro de una armonización interterritorial?; ¿lo que se legisle significará un gasto que las arcas forales no podrán soportar?

Igualmente las diputaciones deben comprender la legítima opción por un país con un único sistema de servicios sociales para todos, independientemente de dónde vivan, y por tanto, con una legislación básica que los regule. Además, los ayuntamientos deben comprender, a su vez, que su opción por la autonomía municipal debe conjugarse con las planificaciones territoriales de los servicios sociales. Por último, todos los niveles de la administración deben ser conscientes del papel central que en este sistema tiene el tercer sector de acción social como agente de participación y de gestión, sobre todo en algunos ámbitos.

Si este ejercicio de ponerse en el lugar del otro se ejerciera en este proceso, el resultado legislativo podría cumplir mejor la misión que se le demanda: mejorar la calidad de vida de la población en situación de exclusión o en situación de dependencia o en riesgo de padecerla. En muchas ocasiones, muchos de los que actuamos en este escenario de los servicios sociales olvidamos esta misión y nos instalamos en defensas de fronteras y parcelas que no aguantarían una confrontación valiente con nuestra finalidad última.

Pero, dicho esto, ¿qué elementos debería contener una ley para no defraudar las expectativas que muchos hemos puesto en ella? La futura ley debería resolver satisfactoriamente al menos las siguientes cuestiones:

1. Fijar inequívocamente el derecho de todos los ciudadanos a los servicios sociales, en las mismas condiciones de garantía que tenemos derecho a la sanidad, a la educación, o a las pensiones.

2. Señalar un catálogo de servicios que defina a qué tenemos derecho. Es decir, qué prestaciones son de responsabilidad pública y, por tanto, no pueden negarse, retrasarse, cambiarse por otras o argumentarse la falta de presupuesto.

3. Optar por la gratuidad de los servicios sociales, como los sanitarios o los educativos. Sin afanes recaudatorios a través de copagos que, en la práctica, castigan económicamente a una parte de la población (personas con discapacidad intelectual) y a sus familias, desincentivan el ahorro personal, generan costes administrativos y vuelven a focalizarse en las clases medias.

4. Apostar por la participación real de las entidades del tercer sector de acción social en la planificación de las políticas de servicios sociales, en la gestión de los servicios y en la evaluación y ajuste de los planes.

Con seguridad, el texto abordará otros aspectos como, por ejemplo, la estructuración del sistema; es decir, cuáles serán las competencias de cada nivel administrativo y el papel de los actores principales: administración, empresa privada y tercer sector. Estos capítulos deberían acotar los roles que cada agente debería adoptar, pero, sobre todo, debería esforzarse en favorecer, e incluso comprometer a una coordinación multinivel que todos los diagnósticos echan en falta.

Además de estas cuestiones, la ley podría aprovecharse para que la sociedad vasca supiera cuál es el compromiso de su clase política (Legislativo y Ejecutivo) respecto a los servicios sociales. Sabemos cuál es nuestra meta en gasto en investigación en diez años, sabemos cuál es la apuesta sanitaria a medio plazo... Necesitamos saber cuánto, cuándo y cómo nos acercaremos a los parámetros de gasto social de los países europeos más avanzados en este ámbito. Quizás nuestros políticos tengan que invertir mayores dosis de valentía electoral para decir que esos países tienen mayor presión fiscal y menos fraude, o que en Euskadi es una prioridad la cohesión social que aporta la pertenencia a una comunidad que asegura seguridad y bienestar a todos sus ciudadanos, independientemente de sus rentas o de sus dificultades de inclusión.

Tal como van las cosas, cada vez más personas vamos a ser más dependientes de otras, más pronto, más veces o con más intensidad. Por eso, los servicios sociales ya no serán algo para unos pocos y se convertirán en una necesidad cada vez más cercana.

Pedro Fernández es director de Fevas (Federación Vasca de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual).