Simancas promete garantizar por ley una vivienda a las familias con menos ingresos

Los madrileños con ingresos de hasta 28.000 euros anuales -equivalente a 2.000 euros mensuales con 14 pagas- tendrán garantizada por ley una vivienda si el PSOE gana las elecciones autonómicas de mayo. Éste es el compromiso que ayer adquirió el candidato socialista, Rafael Simancas, al anunciar que promulgará una ley de garantía del acceso a la vivienda dotada con 2.752 millones (el 0,5% del PIB). Eso permitirá llevar a los tribunales al Gobierno regional si incumple su compromiso. La ley prevería la construcción de 40.000 pisos en alquiler y 108.000 en venta de precio protegido, además de reh...

Los madrileños con ingresos de hasta 28.000 euros anuales -equivalente a 2.000 euros mensuales con 14 pagas- tendrán garantizada por ley una vivienda si el PSOE gana las elecciones autonómicas de mayo. Éste es el compromiso que ayer adquirió el candidato socialista, Rafael Simancas, al anunciar que promulgará una ley de garantía del acceso a la vivienda dotada con 2.752 millones (el 0,5% del PIB). Eso permitirá llevar a los tribunales al Gobierno regional si incumple su compromiso. La ley prevería la construcción de 40.000 pisos en alquiler y 108.000 en venta de precio protegido, además de rehabilitar 190.000 infraviviendas. El PP tachó de "broma" la idea, porque considera que corresponde al Parlamento conceder ese derecho.

Quienes cumpliendo los requisitos se quedaran sin casa podrían demandar al Gobierno

La vivienda es el tercer problema más importante para los madrileños, según el barómetro de diciembre del CIS, por detrás del terrorismo y la inmigración. Por eso Simancas lo coloca como uno de los puntos centrales de sus promesas electorales.

Al igual que el Gobierno francés, el PSOE madrileño pretende que la vivienda sea un derecho que los ciudadanos puedan reclamar ante los jueces. En Francia una ley garantiza la vivienda a los sin techo, pero en Madrid la propuesta socialista implica reconocer el derecho a todos aquellos que no tienen acceso a la vivienda de precio libre.

Según las cifras que manejan los socialistas, eso le ocurre al 60% de los madrileños. "Los precios de la vivienda en el mercado libre son inabordables, son los más altos de España y ni siquiera son equiparables a los de Europa", aseguró Simancas, que precisó que un madrileño tiene que desembolsar 11,8 veces su salario bruto anual medio para comprar una casa. En el resto de España, dijo, son nueve anualidades, y en Europa, cuatro.

De ahí su propuesta. "Si hasta ahora no se ha hecho es porque no ha habido voluntad", afirmó Simancas durante un encuentro con un centenar de jóvenes de asociaciones de estudiantes universitarios y representantes del Consejo de la Juventud.

Durante el acto, el candidato anunció una serie de medidas de promoción de la vivienda que estarán incluidas en la ley que quiere promulgar: fomentar el alquiler, construir pisos baratos y rehabilitar las casas en ruina. Para lo primero tiene previsto crear un parque de 40.000 viviendas de alquiler que dependan del Gobierno regional y por las que los arrendatarios pagarán precios mucho más bajos que los del mercado: unos 300 euros al mes. Además, los socialistas se comprometen a construir 108.000 viviendas de precio protegido en su primer mandato y a rehabilitar en ocho años las 190.000 infraviviendas que existen en la región.

También han previsto aportar ayudas, por importe de 125 millones, para la compra y arrendamiento de pisos. Y, por último, Simancas contempla sacar al mercado "al menos el 10% de las viviendas vacías" a través de convenios con la Sociedad Pública de Alquiler del Ministerio de la Vivienda, que garantizarían a los arrendatarios el pago aunque no tuvieran inquilinos.

"En estos momentos hay ya suelo en la Comunidad para construir todas esas viviendas que he dicho con los planeamientos en curso", dijo Simancas. Según él, bastaría con que los ayuntamientos cumplieran la Ley del Suelo, que fija que el 45% del suelo de los desarrollos sea destinado a viviendas protegidas.

Simancas puntualizó que, pese a que presentaría la ley a principios del próximo mandato, la garantía legal del derecho a la vivienda no entraría en vigor "al menos hasta el último año de legislatura", con el fin de que el Gobierno regional tenga margen para construir los pisos.

La propuesta no fue bien recibida por el PP, cuyo portavoz en la Asamblea, Antonio Beteta, la tachó de "broma". Después puntualizó: "El reconocimiento de los derechos subjetivos corresponde, según la Constitución, a las Cortes Generales".