El edificio de la Plaza de España en Ferrol acumula 500 denuncias en contra

La Fiscalía del Tribunal Superior investiga un presunto delito contra la ordenación del territorio

La Federación Vecinal Roi Xordo y medio centenar de vecinos de Ferrol han puesto contra las cuerdas al gobierno local, formado por la coalición PP-Independientes por Ferrol, con una denuncia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la construcción de un edificio en el centro de la Plaza de España. El presidente de la asociación, Jesús Caselas, confía en que la Justicia paralice la obra proyectada sobre un suelo calificado como sistema viario general. Las obras para levantar el bloque de cinco plantas y dos sótanos continúan a buen ritmo.

Cinco años después de que el...

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La Federación Vecinal Roi Xordo y medio centenar de vecinos de Ferrol han puesto contra las cuerdas al gobierno local, formado por la coalición PP-Independientes por Ferrol, con una denuncia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la construcción de un edificio en el centro de la Plaza de España. El presidente de la asociación, Jesús Caselas, confía en que la Justicia paralice la obra proyectada sobre un suelo calificado como sistema viario general. Las obras para levantar el bloque de cinco plantas y dos sótanos continúan a buen ritmo.

Cinco años después de que el gobierno de coalición integrado por nacionalistas y socialistas decidiese retirar la estatua ecuestre del general Franco de la Plaza de España en Ferrol, otro bipartito formado ahora por el Partido Popular e Independientes por Ferrol aprobó con los votos de sus 13 concejales la construcción de un polémico edificio de cinco plantas en esa misma ubicación, como puerta de entrada a la ciudad naval.

Las protestas contra la obra que ya se está levantando en el centro de Ferrol comenzaron antes de que las primeras grúas accediesen a la plaza. Hasta el día de hoy, el edificio acumula más de 500 denuncias en contra en la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y más de 700 en la Dirección Xeral de Urbanismo, cuya delegación provincial recomendó en un documento interno que se solicitase al alcalde Juan Juncal, del PP, "la inmediata paralización de la obra" y la revisión del acuerdo plenario que las autoriza "por ser nulo de pleno derecho".

La comunicación de la Delegación Provincial de Urbanismo añadía un párrafo más: la decisión de los 13 ediles que votaron a favor del proyecto "podría ser constitutiva de un delito contra la ordenación del territorio".

Los técnicos de la consellería basan su argumentación en que el solar donde se está construyendo el edificio tiene la calificación de "sistema general viario". La recomendación de la inspección de las obras está ya en manos de la Dirección Xeral de Urbanismo, que deberá decidir si envía o no ese requerimiento a la alcaldía de Ferrol. El edil de Urbanismo, Guillermo Evia, amenazó entonces con denunciar a los vecinos, por un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documento público. Les acusaba de filtrar el escrito de la Delegación de Urbanismo.

Mientras, en la plaza los trabajos continúan a buen ritmo, las máquinas ya han excavado los cimientos de los dos sótanos sobre los que se erigirán las otras cinco plantas del edificio que albergará oficinas, bajos comerciales e incluso un club de salud privado con una pequeña piscina. La Federación Vecinal Roi Xordo es la que más contundentemente se ha opuesto al proyecto, pero no la única. Junto a ella otro medio centenar de ferrolanos anónimos han presentado sus denuncias ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El presidente de Roi Xordo, Jesús Caselas, confía en que la Justicia les dará la razón ordenando la paralización de una obra "que privatiza suelo público con fines privados".

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La federación agrupa a diez asociaciones vecinales del centro de la ciudad y su oposición a la construcción de un inmueble es férrea y unánime desde el inicio del proyecto, cuando el proyecto de la Plaza de España no pasaba de ser una maqueta. "Fue una chapuza desde el principio, la iniciaron BNG y PSOE y la está rematando el PP y sus socios Independientes por Ferrol", manifestó Jesús Caselas.

La Plataforma Ártabra 21, que agrupa a una veintena de colectivos políticos, sindicales y vecinales optó por las protestas en la calle. En los dos últimos meses ha convocado varias movilizaciones contra las obras que reunieron a más de 2.000 personas. Roi Xordo no participó en las protestas y optó por recurrir a vía judicial. "Fuimos por la vía administrativa, porque lo consideramos oportuno y todo el mundo se rió de nosotros. Veremos quién tiene la razón, aunque si conseguimos parar la construcción será un éxito de todos", manifestó un miembro de la entidad. La Federación Roi Xordo espera que en los próximos días los tribunales les den la razón truncando el proyecto de construir un edificio con fines privados en un espacio público.

Recientemente los tres grupos de la oposición municipal en el consistorio ferrolano, BNG, PSOE e IU, consensuaron una moción plenaria que exigía la paralización de la obra e instaba al gobierno municipal a negociar con la empresa Abeconsa, adjudicataria de la concesión, para buscar una solución alternativa a la construcción del inmueble en la plaza. El gobierno de Juan Jucal rechazó la propuesta de la oposición y decidió continuar con las obras del edificio.

Un informe de la Xunta pide paralizar las obras

La legalización de las obra de la Plaza de España depende de la aprobación de una modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal que debe autorizar la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta. No parece que la Consellería de Política Territorial vaya a apoyar ese cambio en el planeamiento. Después de recibir 700 denuncias en contra del edificio de la Plaza de España, la Delegación Provincial de Urbanismo realizó una primera inspección que concluyó con un contundente informe que advierte sobre las irregularidades del proyecto.

El dictamen confirma que las obras denunciadas se asientan sobre un suelo calificado como sistema general viario, donde la legislación sólo ampararía un aparcamiento subterráneo. El documento emitido por la Delegación de Urbanismo en A Coruña, concluye que "la obra infringe de manera ostensible las ordenanzas municipales y podría ser constitutiva de un delito contra la ordenación del territorio".

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