El Gobierno derriba por vez primera una edificación ilegal en Urdaibai

Por vez primera desde la aprobación en 1993 de la ley de protección de la reserva de Urdaibai se ha derribado una edificación ilegal. El Departamento de Medio Ambiente procedió hace un mes a la demolición del esqueleto de hormigón de un chalé en el municipio de Arteaga, construido hace siete años. El Patronato de Urdaibai, el órgano que gestiona la reserva, tiene pendiente la resolución de otra decena de construcciones consideradas ilegales.

La edificación derribada fue una de las primeras a las que Medio Ambiente abrió expediente en Urdaibai. Fue en 2000, y en marzo de 2001 se ordenó s...

Por vez primera desde la aprobación en 1993 de la ley de protección de la reserva de Urdaibai se ha derribado una edificación ilegal. El Departamento de Medio Ambiente procedió hace un mes a la demolición del esqueleto de hormigón de un chalé en el municipio de Arteaga, construido hace siete años. El Patronato de Urdaibai, el órgano que gestiona la reserva, tiene pendiente la resolución de otra decena de construcciones consideradas ilegales.

La edificación derribada fue una de las primeras a las que Medio Ambiente abrió expediente en Urdaibai. Fue en 2000, y en marzo de 2001 se ordenó su demolición al tiempo que se imponía una mula de 28.208 euros a los propietarios. El esqueleto de hormigón se encontraba a pocos metros de las marismas de la reserva, donde está prohibido urbanizar. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en dos resoluciones de 2003 y 2004, desestimó los razonamientos de los propietarios sobre la legalidad de la edificación. En mayo de 2002, hubo otra orden de Medio Ambiente para que se demoliese la construcción, pero han tenido que transcurrir más de dos años y medio para su ejecución.

El Plan Rector de Uso y Gestión de Urdaibai es muy estricto en lo referido a la construcción de viviendas en los 230 kilómetros de esta área. Sólo está permitido edificar en los núcleos urbanos, zonas consolidadas de caseríos o superficies muy concretas de más de 50.000 metros cuadrados y que estén vinculadas a una explotación agropecuaria. El interesado en la construcción debe disponer, además de la licencia municipal, del informe favorable del Patronato de Urdaibai.

Más expedientes

Medio Ambiente tiene otra decena de expedientes sancionadores abiertos, casi todos contra chalés, aunque también hay dos caravanas. Hasta ahora sólo se había demolido parcialmente una edificación: una casa en Mundaka que iba a ser una chabola de aperos pero a la que se añadió una primera planta. En 2004, el dueño procedió al derribo de dicha planta y tuvo que pagar una multa de 8.100 euros.

Hay otros tres casos que, tras ser desestimados por el Superior vasco, han recurrido al Tribunal Supremo. Entre ellos, otro esqueleto de hormigón de una casa edificada en Sukarrieta, denunciada en 2001 y a la que se impuso una multa de 16.675 euros que ya ha sido abonada por los dueños.

Uno de los casos más llamativos es el de un chalé edificado en Mendata, con la mayor sanción hasta ahora (53.853 euros), que tiene dos sentencias del Tribunal Superior, de 2003 y 2004, que ratifican su ilegalidad. Además, en este caso el denunciado es el Ayuntamiento por conceder el permiso de obras sin el informe del patronato. A esa sanción se puede añadir además la probable indemnización que puede reclamar el propietario del chalé, acabado desde hace cuatro años, y que tiene en regla la documentación municipal.

El caso está cerrado judicialmente, porque no ha habido más recursos, y es el ayuntamiento el que debe anular la licencia y derribarlo. Pero, pese a transcurrir más de dos años, el consistorio no ha ejecutado la orden judicial.

Entre los expedientes de Medio Ambiente se encuentra el de chalé del ex lehendakari José Antonio Ardanza en Arteaga, en el que se descubrieron irregularidades como la construcción de dos plantas no previstas en el proyecto aprobado, una mayor altura de la autorizada y una piscina. Ardanza se ha comprometido a derribar la piscina, un almacén y la última planta pero se opone a la demolición del tejado, por lo que ha recurrido a los tribunales. En este caso, el Ayuntamiento -que durante cuatro años se resistió a actuar y varió su postura tras una sentencia contraria del Tribunal Superior vasco- ha multado al ex lehendakari y su arquitecto con 25.000 euros cada uno.