Empresas gallegas en venta
Con el feo término de "desgalleguización" se ha bautizado la concatenación de varias iniciativas de venta de empresas de capital gallego. Hablamos de la venta de Fadesa, la abortada enajenación de Calvo o los movimientos en los sectores lácteo y energético. En esta coyuntura, merece la pena detenerse a reflexionar sobre tres cuestiones: por qué se están produciendo estas operaciones, qué costes puede llegar a tener una prolongación del proceso, y qué se puede hacer para minimizar esos costes.
Los motivos que explican lo que estamos viendo son de naturaleza variada y no incompatibles. En...
Con el feo término de "desgalleguización" se ha bautizado la concatenación de varias iniciativas de venta de empresas de capital gallego. Hablamos de la venta de Fadesa, la abortada enajenación de Calvo o los movimientos en los sectores lácteo y energético. En esta coyuntura, merece la pena detenerse a reflexionar sobre tres cuestiones: por qué se están produciendo estas operaciones, qué costes puede llegar a tener una prolongación del proceso, y qué se puede hacer para minimizar esos costes.
Los motivos que explican lo que estamos viendo son de naturaleza variada y no incompatibles. En primer lugar, la globalización de los mercados exige, en numerosos sectores, un crecimiento paralelo de las empresas. Y este crecimiento puede basarse en la fusión o absorción de empresas que prometen sinergias por la complementariedad de mercados y clientes. En segundo lugar, las grandes plusvalías generadas en el sector inmobiliario y en la bolsa, y el hambre inversora de los fondos de pensiones encuentra en la adquisición de empresas rentables un destino apetecible. Por último, los problemas de sucesión en las empresas familiares son resueltos por una venta a buen precio. Las operaciones antes referidas son razonablemente explicadas por diferentes combinaciones de estos tres factores.
¿Qué costes puede generar el que las empresas gallegas acaben en manos de inversores lejanos? A mi juicio, podemos hablar de cinco costes potenciales y descartar uno frecuentemente mentado. El posible desplazamiento de parte de la empresa, como los servicios centrales de gestión o las unidades de diseño e investigación, supone perder empleos de cualificación media y alta, bien remunerados. Lógicamente, cuantas más personas y actividades se desplacen mayor será el coste para la economía gallega. En segundo lugar, los propietarios gallegos son personas que van a estar más comprometidos con la marcha económica de su territorio. Sobre todo si se trata de pocos y bien identificados accionistas, por la presión social o por compromiso, va a costarles más cerrar las plantas productivas situadas en Galicia que a un ejecutivo finlandés o chino que vive a varios miles de kilómetros y que probablemente nunca haya estado en Galicia. En tercer lugar, resulta más fácil para el Gobierno gallego comunicarse con propietarios oriundos e integrarlos en proyectos y programas. En cuarto lugar, es evidente que existen sectores más o menos estratégicos para la economía gallega. Por último, no hay que olvidar que muchas empresas, por obligación o devoción, dedican parte de sus beneficios a financiar actividades culturales y científicas o a promover a emprendedores, dentro de sus iniciativas de acción social. Baste un ejemplo: ¿Qué sería del panorama cultural gallego sin las fundaciones de las dos cajas y del Banco Pastor? El coste total derivado de la "desgalleguización" de una empresa va a depender de cómo se concrete todo lo anterior y, por tanto, puede ser mucho mayor o menor en cada caso.
En todo caso, cabe hacer dos matizaciones. Primero, existen empresas de capital no gallego más comprometidas de facto con Galicia que otras en manos de gallegos: Citroën es un buen ejemplo. Segundo, y este es el coste conceptualmente descartable, el simple cambio de domicilio fiscal de una empresa es prácticamente irrelevante. Porque el Impuesto sobre Sociedades se lo queda la Administración central, el IVA que cobran las empresas acaba en las arcas autonómicas en proporción al consumo que se hace en cada territorio y las retenciones que las empresas aplican a sus trabajadores se remiten a sus comunidades autónomas de residencia. La capacidad del Gobierno autonómico de influir en el proceso es muy limitada. Pero algo puede hacer. Animar a que las operaciones de compra-venta de empresas especialmente relevantes para Galicia se realicen entre capitalistas gallegos; mantener una comunicación y relación fluida con los nuevos propietarios, sin obsesionarse con su identidad; y, sobre todo, rearmar su política económica para impulsar la creación de nuevas empresas y "galleguizar" otras foráneas, enamorándolas con unas espléndidas condiciones para funcionar.