Navarro asegura que la Ley de Dependencia no tendrá límites económicos
La Junta de Andalucía contará este año con 128 millones de euros para atender las necesidades de los grandes dependientes -personas que carecen de autonomía física o mental y que precisan atención las 24 horas del día- que se acogerán a Ley de Dependencia que entró en vigor el pasado día 2. "Éste es el presupuesto que aportarán a partes iguales el Estado y la comunidad, pero cuando hablamos de derechos el límite no está en los recursos económicos. Si no es suficiente con los 128 millones se habilitarán los créditos necesarios", explicó ayer en Sevilla la consejera de Igualdad y Bienestar Socia...
La Junta de Andalucía contará este año con 128 millones de euros para atender las necesidades de los grandes dependientes -personas que carecen de autonomía física o mental y que precisan atención las 24 horas del día- que se acogerán a Ley de Dependencia que entró en vigor el pasado día 2. "Éste es el presupuesto que aportarán a partes iguales el Estado y la comunidad, pero cuando hablamos de derechos el límite no está en los recursos económicos. Si no es suficiente con los 128 millones se habilitarán los créditos necesarios", explicó ayer en Sevilla la consejera de Igualdad y Bienestar Social Micaela Navarro.
Pero antes de que se aplique la Ley de Dependencia deberá reunirse el consejo territorial, en el que están representados todas las comunidades y el Estado, para establecer los baremos por los que se clasificará a las personas con dependencia. En su primer año de funcionamiento, la ley sólo atenderá a los grandes dependientes; en 2008 llegará hasta las personas con dependencia severa y en 2009, a los que sufran una dependencia moderada. El desarrollo total de la ley se hará progresivamente hasta 2015 y supondrá la creación de unos 300.000 empleos en toda España.
"El consejo territorial establecerá unos baremos mínimos para atender a cada discapacidad; de forma que cada comunidad autónoma, en función de sus recursos, podrá aumentar sus aportaciones. Con esta ley la atención a personas discapacitadas es un derecho que el usuario puede reclamar no sólo administrativamente, sino también judicialmente", apuntó Navarro.
Según las estimaciones de la consejera, en Andalucía hay entre 35.000 y 42.000 personas consideradas grandes dependientes, de las cuales unas 38.000 ocupan actualmente plazas en las residencias públicas, concertadas y privadas que existen en la región. "Nuestra filosofía es que las personas permanezcan el mayor tiempo posible en su domicilio con asistencia a centros de día, teleasistencia o ayudas domiciliarias. Pero lo primordial es a cada uno se le hará un plan personalizado que establezca sus necesidades y el tipo de ayuda que puede percibir", concluyó Navarro.
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