El 'comité de sabios' ya sugirió una reforma semejante

Las televisiones autonómicas han seguido un camino paralelo al de RTVE. Al igual que la cadena estatal, los entes regionales han estado al servicio de los Gobiernos de turno y las acusaciones de manipulación han salpicado en mayor o menor medida a prácticamente todos los operadores. Y, como en RTVE, los directores generales de las autonómicas han sido históricamente designados por los Ejecutivos regionales.

En ocasiones, sus responsables han estado claramente vinculados a partidos políticos. Manuel Soriano, por ejemplo, fue jefe de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Espe...

Las televisiones autonómicas han seguido un camino paralelo al de RTVE. Al igual que la cadena estatal, los entes regionales han estado al servicio de los Gobiernos de turno y las acusaciones de manipulación han salpicado en mayor o menor medida a prácticamente todos los operadores. Y, como en RTVE, los directores generales de las autonómicas han sido históricamente designados por los Ejecutivos regionales.

En ocasiones, sus responsables han estado claramente vinculados a partidos políticos. Manuel Soriano, por ejemplo, fue jefe de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cuando ésta era ministra de Educación y presidenta del Senado. Soriano ocupa desde hace tres años la dirección general de RTV-Madrid. Y el actual director general de RTV-Andalucía, Rafael Camacho, fue portavoz de la Junta de Andalucía con el socialista Manuel Chaves.

En Madrid o Andalucía, los directores han estado claramente vinculados a partidos

Los miembros del comité de sabios que elaboraron la reforma de RTVE ya sugerían que las recomendaciones para la reforma de la televisión estatal podían ser adaptadas por las autonómicas. En los últimos años, algunas comunidades han puesto en marcha modificaciones legislativas para intentar desvincular a los entes audiovisuales de los respectivos ejecutivos autonómicos. Los líderes del PP en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, Javier Arenas y Francisco Camps, respectivamente, han apostado por trasladar un modelo similar al de RTVE a las autonómicas, aunque mucho más tibio.

Otros líderes populares, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se decantan también por la reforma de la ley que rige los terceros canales pero, en este caso, para que el Gobierno central permita su privatización. Los 12 entes públicos agrupados en la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) se rigen por la ley de Tercer Canal. No obstante, algunas corporaciones están actualmente en proceso de reforma.

- Cataluña. El Parlamento catalán tiene previsto aprobar antes del próximo verano la ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales que sustituirá a la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), creada en 1983. El objetivo es despolitizar el ente público y dejar la elección del máximo responsable de la CCRTV en manos del Parlamento catalán. En este periodo transitorio hasta el nacimiento de la nueva ley, la corporación seguirá dirigida por Joan Majó, que fue elegido en la pasada legislatura. Y al igual que en el caso de RTVE, la corporación aspira a que la Generalitat asuma la gigantesca deuda acumulada, que asciende a 1.046 millones de euros. Para evitar que la deuda canibalice los presupuestos del grupo mediático, el Gobierno de la Generalitat aportará 1.160 millones de euros a los medios audiovisuales públicos a través de un contrato-programa que se prolongará hasta 2009.

- Andalucía. El Gobierno que preside Manuel Chaves ha perfilado un proyecto de ley para que el director general de RTV-Andalucía sea elegido por una mayoría parlamentaria de tres quintos. Algunos grupos aspiraban a ampliar el consenso y apostaron por una mayoría de dos tercios de los diputados regionales, como en el caso de RTVE. Su mandato se prolongará durante seis años y para evitar el posible bloqueo por parte de algunos de los grupos se propone que si el candidato no se alcanzase esa mayoría en la primera votación se celebre una segunda (un mes más tarde) en la que sólo se exigirá la mayoría absoluta de la cámara. Una cláusula similar fue incorporada a la nueva ley de RTVE. El pacto entre los dos principales partidos, PP y PSOE, para la elección de Luis Fernández como futuro presidente del grupo estatal hizo innecesaria la aplicación de esta disposición transitoria.

- País Vasco. El Parlamento vasco constituyó en marzo pasado una ponencia para abordar la reforma de EITB, el ente regional de radio y televisión. Los puntos fundamentales de la nueva legislación pasan por la designación del director general y la duración de su mandato. Con esta modificación se pretende cerrar la larga etapa de interinidad (desde 2001) por la que atraviesa la dirección de EITB. Euskadi fue la primera comunidad que aprobó la designación del director general a manos del Parlamento regional, arrebatando esta prerrogativa al Gobierno, por una mayoría absoluta. La oposición otorgó un margen de confianza a Andoni Ortuzar (candidato del PNV) al votar en blanco.

- Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, apostó en octubre pasado por la privatización de Telemadrid e instó al Gobierno central a modificar la ley que regula el tercer canal. Por el contrario, la oposición defiende la titularidad pública de RTV-Madrid. El secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, expresó a principios de diciembre su compromiso "firme y solemne" en favor de la televisión pública y revalidó su compromiso para reformar la ley a fin de que el director general de Telemadrid sea nombrado por el Parlamento y por consenso entre los grandes partidos. Una proposición no de ley presentada por los socialistas en este sentido fue rechazada por la Asamblea de Madrid.