Una ejecución a garrote injusta
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se pronunciará previsiblemente hoy sobre la autorización para revisar el consejo de guerra en el que los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado fueron condenados a muerte y ejecutados, en 1963.
El presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón, y los magistrados José Luis Calvo, Agustín Corrales, Ángel Juanes y Javier Juliani se reunieron ayer para decidir si autorizan o no a las familias de ambos a la presentación de dicho recurso extraordinario y proseguirán la deliberación hoy.
Este mismo tribunal acordó la semana pasada...
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se pronunciará previsiblemente hoy sobre la autorización para revisar el consejo de guerra en el que los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado fueron condenados a muerte y ejecutados, en 1963.
El presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón, y los magistrados José Luis Calvo, Agustín Corrales, Ángel Juanes y Javier Juliani se reunieron ayer para decidir si autorizan o no a las familias de ambos a la presentación de dicho recurso extraordinario y proseguirán la deliberación hoy.
Este mismo tribunal acordó la semana pasada denegar la autorización para revisar la condena a muerte del ex ministro republicano Juan Peiró Belis, con los votos disidentes de los magistrados Calvo y Juanes.
El 29 de julio de 1963 explosionaron dos bombas en Madrid, una en la Dirección General de Seguridad y la otra en la Delegación de Sindicatos, sin causar víctimas mortales, aunque sí numerosos heridos. Dos días después fueron detenidos Granado y Delgado, el 13 de agosto de 1963 fueron condenados a muerte y cuatro días después, ejecutados a garrote.
En 1996 los también anarquistas Antonio Martín y Sergio Hernández se autoinculparon de la colocación de los explosivos. Pese a ello, el Supremo denegó la autorización a los familiares de los ejecutados para recurrir en revisión, pero posteriormente, en 2004, el Tribunal Constitucional anuló la decisión del Supremo.
El pasado 3 de abril compareció ante el Supremo Octavio Alberola, uno de los responsables del grupo Defensa Interior, quien aseguró haber ordenado a Hernández y a Martín perpetrar los atentados de 1963 por los que Granado y Delgado fueron ejecutados.