Puntos negros de la seguridad ciudadana

El PP valenciano ha presentado esta semana un documento que se ha descrito como los puntos negros de la seguridad ciudadana en la Comunidad. Suman un centenar largo y en ellos se recogen las carencias en infraestructuras, personal y recursos materiales de los cuerpos policiales. Una detallada relación de déficit acumulados en este capítulo que será enviada al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y un amplio elenco de políticos y parlamentarios a los que -hemos de imaginar- se les supone ignaros de cuanto acontece por estos pagos en un asunto tan sensible y publicitado, que al...

El PP valenciano ha presentado esta semana un documento que se ha descrito como los puntos negros de la seguridad ciudadana en la Comunidad. Suman un centenar largo y en ellos se recogen las carencias en infraestructuras, personal y recursos materiales de los cuerpos policiales. Una detallada relación de déficit acumulados en este capítulo que será enviada al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y un amplio elenco de políticos y parlamentarios a los que -hemos de imaginar- se les supone ignaros de cuanto acontece por estos pagos en un asunto tan sensible y publicitado, que al decir de los populares afecta al 60 % de la población. No se especifica, o no alcanzamos a entender qué suerte de bula favorece al 40 % restante, pues lo bien cierto es que todo vecino y en cualquier lugar está al alcance la delincuencia que nos atosiga.

Motivos sobrados, en todo caso, para elevar este escrito de protesta que, improvisado o no, al Gobierno autonómico le ha venido de perlas para condensar la atención de la gente, un tanto o un mucho sobresaltada por el casi simultáneo desastre acontecido en el Palau de les Arts con el hundimiento del escenario central. Simple casualidad, claro está, pero no se le puede negar al PP el don de la oportunidad y la maña para el quite político. Después de las cifras y del mapa alarmante que han expuesto el vicesecretario del partido, Ricardo Costa, y el secretario de Interior, Luís Ibáñez, lo procedente es comentar esta lacra de la inseguridad.

Y por lo pronto debe admitirse la gravedad del panorama que los mentados portavoces han descrito. Algo que, por otra parte, se confirma cada día en los espacios de sucesos de los medios de comunicación. Un fenómeno que, por desgracia, viene ocurriendo desde hace años con leves oscilaciones en su intensidad. En este sentido, todavía están vivas las imágenes de las nutridas manifestaciones vecinales que en febrero de 2005 desfilaron bajo el lema Ya está bien en algunas localidades de La Marina Baixa, pero que con el mismo motivo hubieran podido producirse en el Vinalopó, Maestrat, Camp de Túria u otras comarcas igualmente sacudidas por la criminalidad, en muchas ocasiones insólita por su violencia y aparente impunidad.

O sea, que el problema viene de antiguo y, según observadores cualificados, esta propiciado por una serie de factores concomitantes, como son o han sido la prosperidad general del país -decimos valenciano-, el efecto llamada de delincuentes por la laxitud, imprevisión, escasez o desarme de sus cuerpos de seguridad, la expansión urbanística a menudo caótica y asimismo el crecimiento demográfico no menos acelerado. Hay quien añade la componente inmigratoria, que se nos antoja irrelevante en comparación a las otras causas.

Todo ello, digámoslo también, no mengua la pertinencia de la denuncia que glosamos, y que apunta por igual a gobiernos centrales de un color y de otro, pues ninguno se ha fajado suficientemente con el problema, como evidencia el aludido repertorio de carencias que los populares han registrado. Y no incluimos a la Generalitat en esta nómina de responsables porque ni ha sido titular de sus propias fuerzas de seguridad, ni ha tenido tiempo para desarrollar su Policía Autonómica al amparo del artículo 55 del renovado Estatut. Otra cosa será que pueda y quiera hacerlo en su día, lo que no parece ser la voluntad de los conservadores, ni está claro -y más bien está claro lo contrario- que la fragmentación del aparato policial del Estado contribuya a su eficacia, dicho sea de paso.

Como nota final merece la pena subrayar, por lo muy revelador que resulta, la omisión que el PP hace al mencionar los puntos negros, pues no anota entre ellos la mucha falta que nos ha hecho a los valencianos un cuerpo policial especializado en delitos urbanísticos, si bien ello conllevaría, posiblemente, la necesaria ampliación de las oficinas judiciales y las instalaciones penitenciarias para atender a tanto presunto delincuente. Claro que, según como se mire, ese tipo de irregularidades o desmanes son alardes de gente avisada, emprendedora y blindada. En la derecha indígena cunde este punto -negro- de vista.