Tres claves para el fin de la violencia
Cuatro participantes en el Pacto de Ajuria Enea critican la actual posición negociadora de ETA
El proceso de final dialogado de la violencia en Euskadi ha sufrido un brusco frenazo, tras el robo de armas en Francia el 22 de octubre. Mientras el Gobierno verifica el alto el fuego de ETA, alterado desde el rebrote de la kale borroka en agosto, la banda ha reiterado en su órgano interno Zutabe, este fin de semana, su exigencia al Gobierno de que cumpla sus "compromisos", básicamente el preacuerdo para la formación de la mesa de partidos. El Ejecutivo aún no ha iniciado el diálogo formal con ETA, tras siete meses de alto el fuego.
EL PAÍS ha preguntado a cuatro expertos...
El proceso de final dialogado de la violencia en Euskadi ha sufrido un brusco frenazo, tras el robo de armas en Francia el 22 de octubre. Mientras el Gobierno verifica el alto el fuego de ETA, alterado desde el rebrote de la kale borroka en agosto, la banda ha reiterado en su órgano interno Zutabe, este fin de semana, su exigencia al Gobierno de que cumpla sus "compromisos", básicamente el preacuerdo para la formación de la mesa de partidos. El Ejecutivo aún no ha iniciado el diálogo formal con ETA, tras siete meses de alto el fuego.
EL PAÍS ha preguntado a cuatro expertos sobre la marcha del proceso. Los cuatro participaban en la política de Euskadi cuando los partidos vascos formularon, por vez primera, las condiciones para un fin dialogado de la violencia, en enero de 1988: el Pacto de Ajuria Enea. Se trata de José Luis Zubizarreta, asesor del lehendakari José Antonio Ardanza, en la etapa del Pacto de Ajuria Enea y del diálogo de Argel entre el Gobierno de Felipe González y ETA (1989); Joseba Arregi, ex portavoz de los Gobiernos de Carlos Garaikoetxea y Ardanza, ex dirigente del PNV, en esa etapa, y hoy impulsor de la plataforma Aldaketa (Cambio); Xabier Gurrutxaga, ex dirigente de Euskadiko Ezkerra, impulsor del Pacto de Ajuria Enea, y Ramón Jáuregui, vicelehendakari del Gobierno vasco entonces, dirigente del PSOE en la tregua de ETA (1998-99) y hoy portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso. Todos animan al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que siga el proceso, pero también le piden que exija a ETA que no lo tutele.
LA INICIATIVA DE ZAPATERO
Zubizarreta parte de que la iniciativa de paz de Zapatero está avalada y limitada por la resolución de mayo de 2005, inspirada en el Pacto de Ajuria Enea, que el Congreso aprobó. La resolución apoyaba un diálogo "entre los poderes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia", con dos condiciones. La primera, que ETA muestre, con "actitudes inequívocas", una "clara voluntad" de finalizar el terrorismo. La segunda, que no se traten, en el diálogo con la banda, temas que compete a los "representantes de la voluntad popular".
Según Zubizarreta, el Gobierno no ha traspasado esos límites, aunque "ya ha hecho todo lo que la resolución le permite". Destaca como hitos de la iniciativa de Zapatero: El anuncio de diálogo con ETA; la asunción de la reunión pública de su partido con líderes de Batasuna y la orientación de la Fiscalía del Estado acorde con la nueva situación.
Zubizarreta concluye: "No creo, por tanto, que en estas circunstancias corresponda al Gobierno dar otro paso que no sea esperar a la respuesta positiva de ETA y de la izquierda abertzale".
Jáuregui cree que "Zapatero debe seguir buscando la paz y tener el apoyo a lo que hace". Añade: "Tiene una información de la que no disponemos y debemos confiar en su gestión". Apoya su estrategia de "alentar las expectativas de paz" pues "cada día que pasa, la paz se asienta".
Arregi se muestra a favor de que el presidente del Gobierno intente un fin dialogado de la violencia, pero le pide "claridad". Gurrutxaga cree que Zapatero, antes de abrir el diálogo formal con ETA, debe asegurarse de que va a abandonar la violencia porque "éste es el asunto esencial".
EL COMPORTAMIENTO DE ETA
El mantenimiento de cierto grado de violencia por parte de ETA desde agosto para condicionar el proceso es otro elemento clave introducido. Zubizarreta lo atribuye a "la resistencia que la izquierda abertzale y ETA están mostrando para aceptar los límites que impuso la resolución del Congreso, que no pueden ser rebasados por el Gobierno al que someten a un continuo pulso para que lo haga. Por lo que vemos desde agosto esa voluntad de cese de la violencia no es aún unívoca en su seno y requiere un período de maduración para manifestarse de modo definitivo".
Zubizarreta sugiere al Gobierno que sea "firme". "Ni diálogo con violencia ni contrapartida política por su abandono. Tampoco debe acceder a que se forme la mesa de partidos sin que ETA haya expresado su voluntad de acabar para siempre". Cree que ni siquiera ante el riesgo de ruptura de la tregua debe alterar su firmeza.
Según Gurrutxaga, son ETA y Batasuna las que tienen que dar el paso del cese definitivo de la violencia. Batasuna se comprometió en Anoeta, en noviembre de 2004, a separar la negociación política, que corresponde a los partidos, de la del fin de la violencia, "paz por presos", que competen al Gobierno y ETA, y no la terminan de cumplir, añade.
"El binomio ETA-Batasuna debe asumir que la decisión de terminar con la violencia como instrumento político es una cuestión de ellos. Esa pelota está en su tejado desde hace ya muchos años y, por tanto, el único modelo de negociación política para el cese de la violencia es el que debe darse en el seno de la propia izquierda abertzale". Por ello, cree que Zapatero, antes de abrir el diálogo con ETA, debe asegurarse de que la violencia desaparecerá, aunque con ello arriesgue el bloqueo del proceso. "Debería obligarle, si es necesario, a reconsiderar su calendario".
Jáuregui propone al Gobierno una "discreta firmeza" con ETA a la que "debe exigirse, sin alardes públicos, que respete sus compromisos": abandono de la violencia, aceptación de la legalidad y diálogo. "No se puede avanzar en el proceso con amenazas o violencia contenida". "Tampoco podemos admitir que ETA trate de tutelar y, con ello, tergiversar el proceso. Se trataba de que aflorase políticamente la izquierda abertzale, mientras la violencia desaparecía". Su conclusión es que el Gobierno debe tomarse tiempo para confirmar que ETA ha cesado la violencia, antes de abrir el diálogo.
Arregi defiende el principio de "primero la paz, después, la política". De modo que antes de que los partidos vascos debatan una reforma del Estatuto, con la izquierda abertzale dentro, ETA tiene que abandonar la violencia.
APOYO DE LA OPINIÓN PÚBLICA
Los cuatro especialistas coinciden en que en un proceso de paz la batalla de la opinión es clave. Jáuregui, ante la negativa reiterada del PP a apoyar el proceso, considera que la "ausencia de un consenso democrático lo limita hasta el punto de que puede resultar altamente improbable acabarlo en estas condiciones". Plantea que el Gobierno "debe cargarse de razones en la búsqueda del consenso y construir un discurso que permita al ciudadano comprender el proceso".
Zubizarreta cree que "si algo cabe reprochar al Gobierno es su reticencia a asumir que este proceso se desarrolla ante la opinión pública". "Esta se ve bombardeada por continuas declaraciones que tratan de distorsionarlo. El Gobierno no puede permitirse el lujo de dejar desorientada a la opinión que le apoya, que necesita un referente autorizado, que sólo pueden ser el Gobierno y su presidente a la cabeza".
Gurrutxaga cree que el Gobierno no ha logrado que se instale en la calle el clima de confianza sobre el fin del terrorismo. "Y se debe no sólo a la utilización que el PP hace del proceso. También a la improvisación con que ha actuado el Gobierno y al descontrol en la izquierda abertzale, donde hay una involución desde agosto".
Arregi plantea para salir de la situación que el PP apoye al Gobierno con el compromiso de que éste le garantice los límites del proceso, incluido lo que aborde la mesa de partidos. "No basta con que el Gobierno diga que los acuerdos de la futura mesa se ajustarán a la ley. Tiene que aclarar que cuando ETA abandone la violencia, no se aceptarán las fórmulas que ha propuesto históricamente porque quitaría el valor ético a la democracia".
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