Prodi denuncia que ha sido víctima de espionaje fiscal

Hacienda expurgó de forma abusiva los datos del primer ministro italiano cuando dirigía la oposición

Los datos fiscales de Romano Prodi y su esposa, Flavia Franzoni, fueron consultados más de 100 veces en dos años y, probablemente, filtrados a la prensa. Ese encarnizamiento del fisco con el entonces jefe de la oposición italiana fue considerado potencialmente delictivo por la Fiscalía de Milán, que ayer empezó a interrogar a 128 personas presuntamente implicadas en el uso abusivo de los ordenadores del Ministerio de Hacienda.

El anterior presidente del Gobierno, Silvio Berlusconi, dijo no tener ninguna responsabilidad en el asunto y acusó a Prodi de inventar un falso escándalo de espio...

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Los datos fiscales de Romano Prodi y su esposa, Flavia Franzoni, fueron consultados más de 100 veces en dos años y, probablemente, filtrados a la prensa. Ese encarnizamiento del fisco con el entonces jefe de la oposición italiana fue considerado potencialmente delictivo por la Fiscalía de Milán, que ayer empezó a interrogar a 128 personas presuntamente implicadas en el uso abusivo de los ordenadores del Ministerio de Hacienda.

El anterior presidente del Gobierno, Silvio Berlusconi, dijo no tener ninguna responsabilidad en el asunto y acusó a Prodi de inventar un falso escándalo de espionaje "para ocultar su crisis política".

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Entre los implicados en la utilización abusiva de los datos de Prodi figuraban funcionarios de Hacienda y de Aduanas y militares de la Guardia de Finanzas. Según la Fiscalía de Milán, el actual presidente del Gobierno no fue el único ciudadano de quien se escudriñó la situación tributaria en búsqueda de irregularidades. Otras 20 personas no identificadas, entre las que se contaban altos cargos del Estado y figuras del espectáculo y los deportes, sufrieron el mismo tratamiento.

En realidad, a Prodi no le encontraron nada. Antes de las elecciones generales de mayo, varios periódicos publicaron que el líder del centroizquierda había hecho donación a sus hijos de algunas propiedades inmobiliarias, con el fin de ahorrarse los impuestos sobre las herencias. El propio Prodi confirmó la veracidad de esas informaciones, en las que no se reflejaba nada ilegal. La noticia sobre las donaciones de pisos llegó a la prensa, muy probablemente, gracias a los funcionarios que entraban continuamente en los archivos informáticos referidos a Prodi en el Ministerio de Hacienda.

Escrito de denuncia

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Fue el Gobierno, es decir, Prodi, quien impulsó el envío a los fiscales, hace unas semanas, de un escrito de denuncia sobre las irregularidades detectadas en el uso de los ordenadores de Hacienda. Silvio Sircana, portavoz del presidente del Gobierno, se declaró "desconcertado y turbado" por el descubrimiento de la persecución fiscal contra Prodi. El secretario general de los Demócratas de Izquierda, Piero Fassino, exigió que el anterior primer ministro, Silvio Berlusconi, y el anterior ministro de Economía, Giulio Tremonti, comparecieran ante el Parlamento para dar explicaciones. "Se trata de una página oscura en la historia de la República", comentó el ministro de Justicia, Clemente Mastella.

La oposición, en cambio, se tomó el asunto casi a broma. "No entiendo tanto lloriqueo, todos los políticos estamos controlados", declaró Ignazio La Russa, dirigente de Alianza Nacional. En opinión de Silvio Berlusconi, el presunto encarnizamiento fiscal no era más que una cortina de humo para distraer a la opinión pública y "ocultar la crisis política" del Gobierno de centroizquierda.

El Ejecutivo de Prodi dio ayer mismo prueba de su relativa fragilidad, al "empaquetar" el decreto presupuestario sobre aumento de los impuestos dentro de una moción de confianza. La Cámara de los Diputados aprobó anoche la reforma fiscal. La táctica gubernamental entrañaba poco riesgo, dada la cómoda mayoría del centroizquierda en la Cámara, pero demostró que Prodi temía las enmiendas de la oposición y las de sus propios aliados, algunos de ellos insatisfechos con la Ley de Presupuestos. La moción de confianza permitió poner a votación el decreto sin posibilidad de rectificaciones o enmiendas. Los portavoces de la oposición protestaron furiosamente contra lo que calificaron de "actitud antidemocrática" del Gobierno.

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