Columna

La corrupción como apropiación del Estado

Un personaje de la película Syriana, sobre las complicidades en el mundo del petróleo, contesta excitado a su interlocutor: "Corrupción es el intrusismo del Gobierno en la eficacia del mercado, con sus regulaciones. La corrupción es nuestra protección. La corrupción nos mantiene sanos y salvos. La corrupción permite que ganemos". He aquí un ejemplo de quienes creen que un poco de corrupción, como la existencia de los paraísos fiscales, permite engrasar el sistema y hacerlo eficaz.

En parte por el enorme valor del suelo en la construcción, en parte por la cercanía de unas eleccion...

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Un personaje de la película Syriana, sobre las complicidades en el mundo del petróleo, contesta excitado a su interlocutor: "Corrupción es el intrusismo del Gobierno en la eficacia del mercado, con sus regulaciones. La corrupción es nuestra protección. La corrupción nos mantiene sanos y salvos. La corrupción permite que ganemos". He aquí un ejemplo de quienes creen que un poco de corrupción, como la existencia de los paraísos fiscales, permite engrasar el sistema y hacerlo eficaz.

En parte por el enorme valor del suelo en la construcción, en parte por la cercanía de unas elecciones municipales, España vive un brote de corrupción: recalificaciones de terrenos, adjudicaciones de contratos públicos, corrupción de funcionarios, conforman esta especie de segunda generación de la corrupción, esta vez centrada en lo local, tras aquella primera lista de casos que protagonizaron la vida pública a partir de los años ochenta (Banca Catalana, casos Juan Guerra, Filesa, Naseiro, Roldán, túnel de Sóller, tragaperras del País Vasco, el 3%, Gescartera, Pallerols, Pascual Estevill, lino, etcétera).

Por el momento, los casos conocidos, pendientes casi todos ellos de depuración por la Justicia, afectan a representantes de los dos principales partidos políticos, además de a numerosos outsiders (por ejemplo, Marbella y el GIL). Todavía no se sabe qué porción del dinero apoderado tiene como destino las finanzas de las formaciones políticas (en cuyo caso la corrupción urbanística devendría en financiación ilegal de los partidos) y qué porcentaje del mismo se queda en los bolsillos de los particulares implicados en ellos. Pero en uno u otro lance se habrá de contestar al menos a estas dos cuestiones: cuáles son las consecuencias para la legitimidad del sistema político en que sucede la desvergüenza; y cuándo, cómo y por qué un suceso irregular se convierte en un escándalo político.

Las reacciones habidas hasta ahora son disímiles: las peores, las de quienes acusan al partido oponente de "y tu más", como si la cantidad eliminase la responsabilidad. Las mejores, las que reconocen que la corrupción contraviene las bases del sistema en que vivimos. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega -¡no nos la quiten de ahí, por favor!- declaró sobre la corrupción a la salida del último Consejo de Ministros: "Nada atenta más contra el Estado de derecho, venga de donde venga, pero especialmente cuando tiene a los servidores públicos como protagonistas".

Fernando Jiménez Sánchez, uno de los investigadores de la Fundación Alternativas para su anuario sobre la calidad de la democracia, entiende que la corrupción es el uso del poder por el que éste se pone al servicio de intereses particulares en lugar de buscar el interés general; una apropiación privada del Estado que supone la violación de uno de los pilares fundamentales de los regímenes democráticos: el derecho de todos los ciudadanos a un trato igual por parte de los poderes públicos. Hace ya más de una década, Jiménez Sánchez publicó un luminoso estudio, en el que comparaba los casos Straperlo, Matesa y Juan Guerra (Detrás del escándalo político. Tusquets Editores). En él, distingue entre corrupción y escándalo político. Este último es la reacción de la opinión pública contra un agente político al que se considera responsable de una conducta que es contemplada como un abuso de poder o una traición de la confianza social sobre la que se basa la posición de autoridad que mantiene tal agente. El escándalo podría llegar a ser una forma de control social, un medio a través del cual la sociedad se regula a sí misma y coordina el comportamiento de sus miembros; pero no es un proceso automático sino abierto, cuyo resultado es incierto y depende del juego que se desarrolla sobre el fondo de un contexto cultural, institucional e histórico determinado.

¿Está la España de hoy inmersa en ese contexto preciso y por ello emergen los casos de corrupción urbanística que nos acontecen en las últimas semanas? CJ, la portavoz del presidente de EE UU en la serie El ala oeste de la Casa Blanca, contesta así a un periodista sobre una cuestión que no sabe explicar: "No sé cómo definirlo, pero es como la pornografía: en cuanto la veo la identifico". Eso es la corrupción.

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