Los accionistas podrán demandar a los directivos si la auditoría tiene objeciones

Los consejeros de las sociedades cotizadas tendrán que pensárselo dos veces antes de dejar resquicios para que los auditores pongan reparos a las cuentas que aprueben. Cualquier irregularidad les puede salir cara. El Gobierno ha propuesto una reforma de la Ley del Mercado de Valores en virtud de la cual los accionistas tendrán tres años para reclamar daños y perjuicios directamente a los administradores de las empresas que presenten cuentas que no reflejen la imagen fiel de la compañía. La nueva norma puede estar ya en vigor para la presentación de las cuentas de 2006.

El Gobierno ha de...

Los consejeros de las sociedades cotizadas tendrán que pensárselo dos veces antes de dejar resquicios para que los auditores pongan reparos a las cuentas que aprueben. Cualquier irregularidad les puede salir cara. El Gobierno ha propuesto una reforma de la Ley del Mercado de Valores en virtud de la cual los accionistas tendrán tres años para reclamar daños y perjuicios directamente a los administradores de las empresas que presenten cuentas que no reflejen la imagen fiel de la compañía. La nueva norma puede estar ya en vigor para la presentación de las cuentas de 2006.

El Gobierno ha decidido aprovechar la reforma de la ley de ofertas públicas de adquisición (OPA) para endurecer en el último momento el régimen de responsabilidad de los administradores sobre la contabilidad de las empresas cotizadas.

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ante el Congreso para su tramitación parlamentaria contempla que "el emisor y sus administradores serán responsables de todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los valores como consecuencia de que la información [sobre sus cuentas] no proporcione una imagen fiel del emisor", según el texto articulado difundido por el Ministerio de Economía a través de su página web (www.meh.es).

La norma añade que la acción para exigir la responsabilidad prescribirá a los tres años desde que el reclamante hubiera podido tener conocimiento de que la información no proporciona una imagen fiel de la empresa.

El espíritu de la 'burbuja'

Se trata de una norma nueva, fruto del espíritu que ha animado otras exigencias de transparencia y responsabilidad tras la oleada de escándalos empresariales que sacudió a los mercados de manera simultánea al estallido de la burbuja tecnológica.

El Gobierno ha endurecido esa norma con respecto al anteproyecto que elaboró inicialmente. Aunque pasó inadvertido, la redacción original ya preveía introducir un régimen de responsabilidad de los administradores por daños y perjuicios en el caso "de informaciones falsas u omisiones de datos relevantes en la información" financiera de la empresa.

Se establecía así un régimen de responsabilidad para supuestos claros de manipulación contable, por así decirlo. En cambio, el proyecto finalmente aprobado por el Gobierno castiga los daños y perjuicios por las desviaciones con respecto a la imagen fiel. Así como el primero es un caso excepcional, el segundo no lo es tanto. Hace unos años, una cuarta parte de las empresas cotizadas del mercado continuo tenían en sus cuentas salvedades puestas por los auditores.

La redacción de la norma utiliza una terminología bien conocida por los auditores. Cuando éstos firman un informe limpio, aseguran que las cuentas reflejan la "imagen fiel" de la empresa. Cuando tienen que poner algún tipo de reparo, lo que dicen es que reflejan la imagen fiel "salvo por" lo explicado en determinados puntos de su informe.

Informe anual y semestral

Esas salvedades son las que pueden generar responsabilidad por daños y perjuicios con la nueva norma. Y lo harán "de acuerdo con las condiciones que se determinen reglamentariamente", según establece la norma propuesta. La responsabilidad afectará tanto al informe financiero anual como al semestral.

En este punto, la ley sigue el modelo utilizado para la transposición del régimen de la directiva de folletos, relativo a la responsabilidad por la elaboración y publicación del folleto informativo para los casos de oferta pública de valores o solicitud de admisión en Bolsa. Mediante un decreto ley, el Gobierno estableció precisamente para esos casos un régimen de responsabilidad por "todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los valores adquiridos como consecuencia de las informaciones falsas o las omisiones de datos relevantes del folleto".