Dos ediles del PP de La Vila son socios de unos promotores
Los empresarios se han beneficiado de adjudicaciones urbanísticas
Dos miembros del equipo del Gobierno local de La Vila Joiosa, en manos del PP, son socios de dos empresarios beneficiados con múltiples adjudicaciones urbanísticas. Los concejales de Turismo y Hacienda en el Consistorio, Marcos Zaragoza e Isidro Cantó, respectivamente, comparten una sociedad dedicada a la explotación de apartamentos y servicios de restauración con los promotores Sebastián Martínez y Andrés Planells.
Zaragoza y Cantó constituyeron el 25 de abril de 2002, siendo ya concejales de la Corporación, la sociedad Vilaoci 2000, SL, una mercantil dedicada a la explotación de apart...
Dos miembros del equipo del Gobierno local de La Vila Joiosa, en manos del PP, son socios de dos empresarios beneficiados con múltiples adjudicaciones urbanísticas. Los concejales de Turismo y Hacienda en el Consistorio, Marcos Zaragoza e Isidro Cantó, respectivamente, comparten una sociedad dedicada a la explotación de apartamentos y servicios de restauración con los promotores Sebastián Martínez y Andrés Planells.
Zaragoza y Cantó constituyeron el 25 de abril de 2002, siendo ya concejales de la Corporación, la sociedad Vilaoci 2000, SL, una mercantil dedicada a la explotación de apartamentos y servicios de restauración, según el Registro Mercantil. Marcos Zaragoza es el presidente, e Isidro Cantó el secretario, y cuentan con dos socios: Sebastián Martínez Sánchez y Andrés Planells Ronda. El primero es el responsable de Provilsa 2008, SL, la mercantil a la que el pleno del pasado jueves el PP, con mayoría absoluta, le adjudicó la parcela 6.1 del sector PP-18 del Plan General. Y El segundo pertenece a una de las principales familias dedicadas a la construcción en la Marina Baixa. Su padre, Andrés Planells Palao, es presidente del Villajoyosa Club de Fútbol, y tiene intereses en 13 sociedades dedicadas a la construcción con múltiples ramificaciones.
Este socio de los dos concejales populares constituyó el 30 de enero de 1995 la mercantil Prom 95, SL, junto a su padre. Esta empresa obtuvo la licencia de obras para la construcción de una promoción de nueve viviendas en la cala del Bon Nou el 1 de julio de 2004 gracias a la decisión de la junta de gobierno local. Esta sociedad, según datos del Registro Mercantil, se creó en agosto de 2004 y en ella el socio de los concejales populares no aparece junto a su padre, sino junto a José Joaquín Pastor Martínez, ambos en calidad de administradores mancomunados. Martínez es familiar del ex presidente del Alicante CF y promotor Antonio Solana, otro de los empresarios con los que el gobierno vilero, presidido por José Miguel Llorca Senabre, mantiene una gran relación. A través de la sociedad Promociones Beniardá, SL, Solana desarrolló el Plan Parcial 29, en primera línea de la playa.
Por otra parte, el padre de Planells Andrés es el secretario de la mercantil Iniciativas Urbanísticas del Mediterráneo, SL, a quien el gobierno del PP adjudicó a principios de 2002 el Plan Parcial 35, de uso industrial. Esta sociedad está presidida por el promotor Enrique Ortiz y cuenta como socios con Vicente Pérez Bolufer y Miguel Carratalá Ferrández. Ortiz posee múltiples promociones en la zona.
Planells Palao es, además, presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico de la unidad de ejecución número 4 del PGOU, en la zona conocida como Playa-Puertos.
Promociones en dominio público
Algunas de las obras realizadas por los promotores vinculados empresarialmente a los concejales Marcos Zaragoza e Isidro Cantó han estado rodeadas de polémica. Este es el caso de las siete viviendas que la empresa de su socio, Bon Nou Villas, SL, construye en una cala del municipio, una zona donde se ha talado abundante vegetación. La mercantil obtuvo la licencia de obras en julio de 2004, pero una diferencia entre diferentes planos del Plan General alertó a los miembros del Grup Ecologista El Xoriguer, que denunció que las obras eran ilegales al estar en zona de servidumbre de protección. El Ministerio de Medio Ambiente exigió al Ayuntamiento de La Vila la suspensión cautelar de las obras por invasión de suelo de dominio público marítimo-terrestre mientras se realizaba un deslinde, pero el Ayuntamiento, con el apoyo de la Consejería de Territorio y Vivienda, hizo caso omiso. Las obras continúan con el beneplácito del Consistorio y la oposición de Costas y los ecologistas, que esperan una resolución judicial.
Por otra parte el gobierno local tiene como uno de sus proyectos estrella de este periodo administrativo la construcción de unas rampas mecánicas en el centro del municipio, que unirán el sector playa y puerto, en desarrollo, con la playa Centro. Entre los principales beneficiados por esta infraestructura figura Prom 95, SL, mercantil del socio de los dos concejales y su padre, que preside la Asociación de Interés Urbanístico del sector número 4. Las escaleras mecánicas tienen un coste de casi tres millones de euros, que el gobierno local ha obtenido mediante la venta del 10% de aprovechamiento de otro plan parcial. La decisión la tomó el PP el pasado mes de mayo en contra de la oposición y del criterio del Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Subdelegación de Gobierno, que señaló que el patrimonio municipal del suelo debía destinarse a vivienda social. Los ediles del PP hicieron caso omiso. En esta zona se encuentra también el solar de 7.000 metros que el PGOU destina a zona educativa para el nuevo colegio Doctor Esquerdo.