La Junta ordena paralizar las obras en las viviendas ilegales de Medina Azahara

El informe que la Policía autonómica remitió hace unos días a la Junta de Andalucía y a la Fiscalía, en el que se alertaba de las obras en seis parcelas de la urbanización ilegal de Las Pitas de Córdoba, ya tiene consecuencias. La delegada de la Consejería de Cultura, Mercedes Mudarra, firmó ayer la orden de paralización de las obras y la Fiscalía anunció que abrirá diligencias al tratarse de viviendas levantadas en una zona de especial protección por su valor artístico. La parcelación de Las Pitas está dentro del área de influencia de Medina Azahara, catalogada Bien de Interés Cultural.
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El informe que la Policía autonómica remitió hace unos días a la Junta de Andalucía y a la Fiscalía, en el que se alertaba de las obras en seis parcelas de la urbanización ilegal de Las Pitas de Córdoba, ya tiene consecuencias. La delegada de la Consejería de Cultura, Mercedes Mudarra, firmó ayer la orden de paralización de las obras y la Fiscalía anunció que abrirá diligencias al tratarse de viviendas levantadas en una zona de especial protección por su valor artístico. La parcelación de Las Pitas está dentro del área de influencia de Medina Azahara, catalogada Bien de Interés Cultural.

La unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía detectó a finales del mes de septiembre obras nuevas de construcción en la urbanización ilegal de Las Pitas, situada en el entorno protegido de Medina Azahara. Se trataba de seis viviendas que no figuraban en los registros que tiene la Policía autonómica de la parcelación y que nunca antes habían sido denunciadas por este cuerpo, según informaron ayer fuentes policiales. Los agentes identificaron a cinco de los seis propietarios o promotores y se elaboró un informe. El escrito fue remitido a la Delegación de la Consejería de Cultura y a la Fiscalía de la Audiencia Provincial.

Mercedes Mudarra, delegada de Cultura, firmó ayer la orden de paralización de las obras. Este asunto también es competencia de la Junta, ya que la zona en la que se encuentra la urbanización ilegal de Las Pitas -donde hay unas 204 parcelas, según el Consistorio- está dentro del área protegida del conjunto arqueológico de Medina Azahara. La orden no será efectiva hasta el viernes como mínimo, cuando los agentes de la Policía autonómica se lo comuniquen a los cinco propietarios y promotores identificados.

La Fiscalía tiene la intención de abrir diligencias sobre el caso. Fuentes del ministerio fiscal explicaron ayer que levantar estas viviendas podría estar tipificado como un delito por construir en zonas protegidas sin autorización, contemplado en el artículo 319 del Código Penal.

La mayoría de las irregularidades urbanísticas suelen seguir la vía administrativa. Es decir, la administración competente (Junta o ayuntamientos) es la que se encarga de imponer las sanciones pertinentes. Para que actúe la Fiscalía es necesario que la infracción esté contemplada en el Código Penal, como podría ser el caso de las nuevas viviendas de Las Pitas.

Por otro lado, la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), pidió ayer a la Junta que "ponga sobre la mesa" sus propuestas para tratar de resolver el problema de las parcelaciones en esta zona. La alcaldesa se mostró dispuesta a crear una comisión conjunta entre ambas administraciones y los vecinos "para buscar un punto de encuentro". Aguilar también reprochó a la Junta que no tuviera en cuenta el futuro de las casas de Medina Azahara -que comenzaron a construirse sin permisos a partir de 1994-, cuando decidió ampliar el área de protección del conjunto arqueológico.

Dotación de servicios

Ecologistas en Acción sostuvo ayer que la propuesta del Ayuntamiento dotar de servicios básicos a las parcelaciones irregulares de Medina Azahara es una medida "electoralista y descabellada". La petición de saneamientos la realizaron los vecinos de Las Pitas y fue aprobada inicialmente el martes en el consejo rector de Urbanismo gracias a los votos de IU y PP. Según Ecologistas en Acción, de completarse la dotación de los servicios básicos se "dinamitaría los esfuerzos realizados en el control y disciplina de las numerosas parcelaciones ilegales que han surgido en los últimos 30 años, tanto en parajes de la sierra como de la vega cordobesa".

Rosa Aguilar, sin embargo, sostuvo que "lo único que ha hecho el Ayuntamiento es poner en marcha los mecanismos necesarios para garantizar desde el punto de vista sanitario la vida de las 500 familias [367, según la memoria presentada en el consejero rector de Urbanismo] que viven allí".