Prioridades cumplidas
La cuestión fundamental a elucidar en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado es cuál es el grado de adecuación a la política económica enunciada por el Gobierno. Dado que desde 2004 el equipo económico de Rodríguez Zapatero entiende que la economía española sufre de un acusado déficit tecnológico y en infraestructuras, el Presupuesto para 2007 parece responder, al menos en sus grandes números, a un intento de atajar las deficiencias apuntadas. Las cuentas de las Administraciones públicas que presentó ayer el vicepresidente Solbes suponen unos ingresos de 279.596 millones, que...
La cuestión fundamental a elucidar en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado es cuál es el grado de adecuación a la política económica enunciada por el Gobierno. Dado que desde 2004 el equipo económico de Rodríguez Zapatero entiende que la economía española sufre de un acusado déficit tecnológico y en infraestructuras, el Presupuesto para 2007 parece responder, al menos en sus grandes números, a un intento de atajar las deficiencias apuntadas. Las cuentas de las Administraciones públicas que presentó ayer el vicepresidente Solbes suponen unos ingresos de 279.596 millones, que crecerán a un ritmo del 10,5% y unos gastos de 270.159 millones, con una tasa de crecimiento del 7,2%. Las Administraciones públicas tendrán un superávit del 0,7%, aunque un economista ortodoxo consideraría probablemente que se trata de unas cuentas expansivas, puesto que el superávit se ha conseguido por el crecimiento de los ingresos y no por la reducción del gasto.
Pero donde se decide realmente el tono de la política económica es en educación, con un crecimiento presupuestario del 26%; pensiones, con un aumento global de la partida del 8%; I+D+i, con una subida de más del 30%, e infraestructuras, con crecimientos de casi el 10%. Es lo que un político llamaría "un presupuesto social e inversor", si bien caben dos notas adicionales. La primera, que la inversión en investigación y desarrollo sería más efectiva si estuviera unificada en un solo organismo inversor; en estos momentos aparece más dispersa e invertebrada. La segunda, que Cataluña tiene atribuida una inversión del Estado de 496 millones de euros más otros 295 millones para la red ferroviaria. Esta partida pretende cumplir lo dispuesto en el nuevo Estatuto, pero queda por verificar un encaje equitativo para todas las autonomías.
El año próximo deberán apreciarse ya los efectos acumulados de la política de inversión en I+D; y empezará a contar la tibia rebaja en el IRPF -el marginal bajará del 45% al 43%- y del impuesto sobre sociedades (del 35% al 32,5%). Debería ser suficiente para apuntalar el consumo durante el ejercicio y permitir un crecimiento del PIB del 3,2%.