Bruselas amplía el plazo para que España aclare las condiciones a la OPA de E.ON

La Comisión Europea decidió ayer ampliar en siete días laborables (hasta el día 13 de septiembre) el plazo que había otorgado al Gobierno español para que presente sus objeciones al análisis provisional de Bruselas sobre las condiciones que España impuso a la compra de Endesa por parte de la alemana E.ON.

El pasado viernes, el Gabinete de la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, consideró que las 19 condiciones que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) había impuesto a E.ON para fusionarse con la eléctrica española Endesa eran ilegales, y concedió al Gobierno español un pla...

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

La Comisión Europea decidió ayer ampliar en siete días laborables (hasta el día 13 de septiembre) el plazo que había otorgado al Gobierno español para que presente sus objeciones al análisis provisional de Bruselas sobre las condiciones que España impuso a la compra de Endesa por parte de la alemana E.ON.

El pasado viernes, el Gabinete de la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, consideró que las 19 condiciones que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) había impuesto a E.ON para fusionarse con la eléctrica española Endesa eran ilegales, y concedió al Gobierno español un plazo que expiraba el próximo 4 de septiembre.

El Ejecutivo español envió una carta a Bruselas en la que pidió la ampliación del plazo; petición que fue aceptada ayer mismo tras la recepción de la misiva. Jonathan Todd, portavoz europeo de Competencia, informó ayer de que España dispone hasta el próximo día 13 para dar respuesta a las objeciones de la Comisión Europea.

En su análisis preliminar, Bruselas consideró que "la mayor parte" de las 19 condiciones de la CNE son ilegales, y dijo que tenía "serias dudas" sobre su compatibilidad con las leyes europeas que pretenden velar por la libre competencia.

De confirmarse el dictamen provisional comunitario, España estaría obligada a retirar las mencionadas condiciones, con las que el Gobierno asegura que pretende garantizar el suministro energético nacional. Esas limitaciones obligarían a E.ON a vender centrales de carbón y nucleares, así como sistemas eléctricos de Canarias y Baleares, lo que equivaldría a un tercio de la potencia instalada que posee Endesa en España.

Sobre la firma

Archivado En