Los directivos de la nueva asociación se reservan acciones penales por difamación

La batalla legal, a pesar de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV echa humo, no ha hecho más que comenzar, o al menos eso se deduce de algunos de los párrafos del escrito de la demanda. Concretamente, en el primero de sus apartados los nuevos directivos se quejan de que en la sede en la que estaba la Cámara de la Propiedad, ahora en manos del Gobierno vasco, el departamento de Vivienda ha repuesto el cartel con el logo y la inscripción de Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. "De hecho todos los asociados, que por inercia acuden al pasaje de las Antillas vienen a darse de ba...

La batalla legal, a pesar de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV echa humo, no ha hecho más que comenzar, o al menos eso se deduce de algunos de los párrafos del escrito de la demanda. Concretamente, en el primero de sus apartados los nuevos directivos se quejan de que en la sede en la que estaba la Cámara de la Propiedad, ahora en manos del Gobierno vasco, el departamento de Vivienda ha repuesto el cartel con el logo y la inscripción de Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. "De hecho todos los asociados, que por inercia acuden al pasaje de las Antillas vienen a darse de baja en la asociación porque según el personal de la administración que les atiende, el Gobierno vasco presta los mismos servicios, pero de manera gratuita. Se da una media diaria de seis bajas en la Asociación, sin entrar en la propagación de opiniones difamatorias que en su caso serán objeto de la vía penal", relatan los demandantes.

Pero es más, la letrada Blanca de la Peña, de la nueva asociación, ha remitido un escrito al Colegio de Abogados de Álava pidiendo que se abra una investigación para ver si el abogado de la cámara urbana pública participa en la redacción gratuita de contratos de arrendamiento. La autora del escrito dirigido al Colegio para que investigue al conocido abogado, Fernando Salazar, duda de que pueda haber participado en esos trabajos. Por eso cree que se trata de un caso de intrusismo profesional, ya que en ese caso los contratos los estaría redactando el personal del Gobierno vasco. La abogada plantea en el escrito que, en este último caso, el Colegio debería denunciar de forma penal a los autores de esos contratos.