El Gobierno saca adelante con los votos del PSE su segunda ley en 13 meses de mandato

Euskadi cuenta desde ayer con una Ley de Aguas, más de 12 años después de que la comunidad autónoma recibiese la transferencia del Gobierno central. El Gobierno logró sacar adelante la norma en el pleno del Parlamento con el apoyo del PSE. El resto de la oposición (PP, EHAK y Aralar) rechazó una ley largamente esperada, pero que ha vivido una carrera de obstáculos hasta obtener la definitiva luz verde. Es la segunda ley que el Parlamento aprueba en los 13 meses que han transcurrido de esta legislatura, después de la de Presupuestos de 2006, que también tuvo el apoyo socialista.

El tripa...

Euskadi cuenta desde ayer con una Ley de Aguas, más de 12 años después de que la comunidad autónoma recibiese la transferencia del Gobierno central. El Gobierno logró sacar adelante la norma en el pleno del Parlamento con el apoyo del PSE. El resto de la oposición (PP, EHAK y Aralar) rechazó una ley largamente esperada, pero que ha vivido una carrera de obstáculos hasta obtener la definitiva luz verde. Es la segunda ley que el Parlamento aprueba en los 13 meses que han transcurrido de esta legislatura, después de la de Presupuestos de 2006, que también tuvo el apoyo socialista.

El tripartito y el PSE sumaron 49 votos en apoyo de la ley frente a los 24 de PP, EHAK y Aralar.

El 31 de mayo de 1994, el Gobierno vasco asumió la ordenación y el aprovechamiento de los ríos cuyos cauces discurren íntegramente por Euskadi. Además, el Estado le entregó la encomienda de gestionar caudales que corresponden a varias comunidades autónomas, como es el caso del Ebro. Sin embargo, la transferencia encontró una enorme división en la gestión del agua, hasta el punto de que hasta la aprobación ayer de la ley ha sido imposible definir una política común al respecto. En mayor o menor medida, deciden sobre el abastecimiento y saneamiento el Gobierno vasco, las tres diputaciones y los consorcios y mancomunidades. Durante los últimos años se ha seguido una norma no escrita: el que invierte, planifica.

Con la nueva ley esa situación se acaba. La futura Agencia Vasca del Agua sumará las actuales competencias del Ejecutivo autónomo y de las tres diputaciones y acordará la manera de ejercerlas de forma integral. Este organismo, el eje de la norma, se encargará de planificar los recursos hídricos del País Vasco de forma diferente. Por ejemplo, hasta ahora la gestión del litoral y la de las aguas interiores estaban separadas. En adelante, los proyectos tendrán en cuenta una perspectiva integral de toda una cuenca. La nueva estructura organizativa concitó la mayor parte del debate y, sobre todo, las críticas por parte de la oposición.

La consejera de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Esther Larrañaga, de EA, defendió el carácter "ambientalista" de la ley, que incorpora los principios de las directivas de la Unión Europea. Destacó que la gestión de la Agencia será "transparente, responsable, eficaz y coherente". "Tiene un carácter integrador y, además de las instituciones comunes, participarán en ella las demás administraciones y agentes afectados", añadió. Incluso el Parlamento podrá designar a dos los integrantes de los órganos de gestión: una a propuesta de la oposición y otra del tripartito.

Recurso al Constitucional

Los argumentos de la consejera no convencieron al PP, que centró su rechazo en dos puntos: la invasión de competencias forales por la Agencia y la instauración de un canon como tributo ecológico. Su portavoz, Esther Martínez, recordó que la Ley de Territorios Históricos (LTH) no avala que las instituciones comunes se hagan con las competencias forales. En cuanto al canon, anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad al entender que se va a cobrar a los usuarios dos veces por el mismo concepto: el consumo de agua. "Ahora ya se cobra una tarifa, y el canon, que no tiene más que un afán recaudatorio, va a incidir en lo mismo", protestó.

Aintzane Garate, de EHAK, rechazó la ley por motivos completamente diferentes a los de los populares. Criticó que con la creación de la nueva Agencia se abre la puerta a la privatización del agua y a su gestión como un negocio y no como un derecho. Garate basó esta afirmación en el hecho de que la Agencia será un ente público que se regirá por el derecho privado, una fórmula habitual en este tipo de organismos para hacer más eficaz su gestión. El representante del PNV, Iñaki Gerenabarrena, le replicó que la Agencia siempre tendrá carácter público. La parlamentaria del PSE Natalia Rojo centró buena parte de su discurso en desmentir el carácter recaudatorio del canon, el elemento que más va a trascender a la población. "Hasta ahora se estaba cobrando por las infraestructuras, pero no por detraer el agua de la naturaleza. La novedad es que se cobrará por la detracción para poder cumplir con la recuperación íntegra de los costes del agua tal y como lo indica la normativa europea".

Para Aintzane Ezenarro, de Aralar, la norma no es "progresista, valiente ni garantista". En su opinión, se ha quedado corta en todos los aspectos.