Italia prepara un ajuste del gasto ante el desbocado déficit público

El agujero presupuestario se elevará al 4,6% del PIB este año

Las cuentas italianas están peor de lo que se pensaba. El ministro de Economía, Tommaso Padoa-Schioppa, anunció ayer que el déficit presupuestario rondaba el 4,1% del producto interior bruto (PIB), tres décimas por encima del 3,8% previsto por el anterior Gobierno de Silvio Berlusconi. Y eso no era todo: con el actual presupuesto, también heredado, 2006 podría cerrarse con un déficit superior al 4,6%.

Padoa-Schioppa informó ayer de la situación a la Comisión Europea, mientras Romano Prodi estudiaba cómo explicar al país la necesidad de apretarse el cinturón. El ministro emitió un comuni...

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Las cuentas italianas están peor de lo que se pensaba. El ministro de Economía, Tommaso Padoa-Schioppa, anunció ayer que el déficit presupuestario rondaba el 4,1% del producto interior bruto (PIB), tres décimas por encima del 3,8% previsto por el anterior Gobierno de Silvio Berlusconi. Y eso no era todo: con el actual presupuesto, también heredado, 2006 podría cerrarse con un déficit superior al 4,6%.

Padoa-Schioppa informó ayer de la situación a la Comisión Europea, mientras Romano Prodi estudiaba cómo explicar al país la necesidad de apretarse el cinturón. El ministro emitió un comunicado en el que afirmaba que un presupuesto bis era "inevitable" y en el que se comprometía a "corregir los desequilibrios" y a reconducir el déficit y la deuda nacional "a los parámetros europeos" contenidos en el Pacto de Estabilidad.

Las finanzas públicas fueron chequeadas durante dos semanas por una comisión de expertos. Padoa-Schioppa viajó a Bruselas para entregar al comisario de Asuntos Financieros, Joaquín Almunia, las cifras actualizadas, y para anunciarle que en las próximas semanas el Gobierno de centro-izquierda presentaría al Parlamento una ley de corrección al presupuesto con recortes adicionales en el gasto y con nuevas partidas de ingresos. "Acogemos favorablemente el compromiso del nuevo gobierno de actuar con decisión", declaró Almunia.

El problema consistía en que la anterior Administración italiana ya había rebañado al máximo el dinero disponible, e incluso había dejado sin cobertura grandes partidas presupuestarias, como la necesaria para refinanciar Ferrovie, la empresa pública de ferrocarriles. Otro problema, no técnico sino político, radicaba en la oposición del flanco izquierdo del Gobierno de Prodi a cargar el enésimo ajuste sobre asalariados y pensionistas, las víctimas más fáciles para Hacienda. "No debemos transformar el rigor en lágrimas, y si alguien tiene que llorar, que sea quien no lo ha hecho nunca", declaró Paolo Cento, subsecretario de Economía y miembro de Los Verdes. Franco Giordano, secretario general de Refundación Comunista, afirmó por su parte que convenía subir los impuestos a las rentas más altas y "aplicar de forma inmediata una política fiscal redistributiva".

Menos coches oficiales

Prodi se encontraba entre dos fuegos. Las agencias de calificación de la deuda y el Fondo Monetario Internacional le exigían liberalizaciones y recorte de gastos, y consideraban (como el propio Prodi) que un aumento apreciable de los impuestos yugularía la incipiente recuperación económica. Bastantes de sus aliados, en cambio, no querían ni oír hablar de recortes en el gasto social y propugnaban más impuestos. El presidente del Gobierno estudiaba la posibilidad de aparecer en televisión para explicar a los italianos que la situación era grave y requería sacrificios.

Il Professore reunió el lunes a sus ministros y les exigió un recorte del 10% en los gastos internos de sus departamentos, para iniciar el ajuste en casa. También indicó que la partida de automóviles oficiales podría ofrecer un buen margen de ahorro. Italia rebosa de coches oficiales: sólo el parque móvil ministerial asciende a 43.000 unidades, y el conjunto de las administraciones sufraga un total de 150.000 vehículos, provistos de conductor y, en la mayoría de los casos, de escolta.

La locomoción de la clase política cuesta 10.500 millones de euros al año. Sobre el papel, se trata de una partida muy apetitosa para la tijera de Padoa-Schioppa. En la práctica, Prodi topará con las mismas dificultades que frenaron a sus antecesores: el riesgo de perder el coche oficial, símbolo supremo del estatus, provoca sublevaciones en la Administración.

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