Soldados bolivianos liberan a tres ministros retenidos en un pueblo

Unos cien soldados del Ejército boliviano intervinieron en la madrugada de ayer para liberar a tres ministros que habían sido retenidos por el Comité vecinal de Puerto Suárez, un poblado fronterizo con Brasil. Los representantes del poblado exigían a los miembros del Gobierno de Evo Morales que autorizaran la construcción en la zona de una planta siderúrgica de capital brasileño. Los ministros habían viajado al lugar para intentar convencerlos de que el proyecto era ilegal y contaminante, lo que provocó la ira del poblado.

Los ministros "retenidos" en Puerto Suárez (provincia de Santa C...

Unos cien soldados del Ejército boliviano intervinieron en la madrugada de ayer para liberar a tres ministros que habían sido retenidos por el Comité vecinal de Puerto Suárez, un poblado fronterizo con Brasil. Los representantes del poblado exigían a los miembros del Gobierno de Evo Morales que autorizaran la construcción en la zona de una planta siderúrgica de capital brasileño. Los ministros habían viajado al lugar para intentar convencerlos de que el proyecto era ilegal y contaminante, lo que provocó la ira del poblado.

Los ministros "retenidos" en Puerto Suárez (provincia de Santa Cruz) fueron los de Planificación, Carlos Villegas, de Desarrollo Económico, Celinda Sosa, y de Minería, Walter Villarroel. Los tres habían llegado el martes por la tarde a esa población para explicar la posición del Gobierno frente al proyecto de la empresa brasileña MMX de construir una planta siderúrgica en la zona, y la concesión de la explotación del cercano yacimiento minero de El Mutún.

Los pobladores, mayoritariamente hijos de colonos alemanes, no querían oír las explicaciones, sino tener el visto bueno para que se pusieran en marcha proyectos que, según la empresa, iban a crear 1.500 puestos de empleo. Ante la negativa oficial, el comité vecinal decidió retener a los ministros hasta que cambiaran de idea. La situación se tornó violenta y el Gobierno decidió movilizar al Ejército.

Fue una operación "al más puro estilo del lejano oeste americano", se quejó un vecino a la radio Panamericana de La Paz. Mientras, el ministro Villegas relató que tuvieron que vestir trajes de camuflaje y gorras y rodearse de militares para salir ilesos del lugar donde estaban secuestrados, las oficinas del Comité Cívico (vecinal).

"No hubo tal secuestro. Estábamos negociando a las tres de la madrugada, cuando, tras una ráfaga de ametralladora en la esquina del Comité, ingresaron unos 200 militares que rodearon a los ministros y se los llevaron", dijo vía telefónica el presidente del Comité, Edil Gericke. Éste explicó que la población vive afligida porque la empresa brasileña amenaza con irse y dejar a todos sin empleo.

"Es una empresa extranjera asociada con una boliviana que está instalada en una zona franca, por lo que los argumentos oficiales no tienen solidez". El Gobierno sostiene que el proyecto viola las leyes bolivianas, que establecen que ninguna empresa extranjera puede tener la propiedad sobre bienes o tierras situadas en un margen de 50 kilómetros desde la línea de frontera por cuestiones de seguridad nacional. Además, aduce que la planta prevé utilizar carbón vegetal para fundir el mineral, un proceso altamente contaminante.

Tras el altercado, el ministro Villegas invitó a los miembros del Comité Cívico a dialogar en La Paz, donde el Gobierno pretende demostrar que la actividad de la empresa, además de violar la ley de seguridad nacional, carece de permisos medioambientales. En respuesta, Gericke dice que esos permisos comenzaron a gestionarse hace dos años. "El Comité vecinal, ante la actitud del Gobierno, ha decidido impedir el paso de frontera con Brasil, bloquear las carreteras e impedir el tráfico ferroviario y aéreo en Puerto Suárez", añade. El viceministro del Interior, Rafael Puente, adelantó que el Gobierno no cederá a presiones ilegales.