Las haciendas ejecutaron el año pasado casi 80.000 embargos por deudas fiscales

Las tres haciendas provinciales ejecutaron el año pasado un total de 79.497 embargos de bienes a contribuyentes que eludieron sus obligaciones fiscales. Dicha cifra representa el 8% del total de contribuyentes (casi un millón) que declaran en Euskadi. La mayoría de las actuaciones sancionadoras corresponde a multas de tráfico impagadas en el plazo establecido y, en menor medida, incumplimientos en las declaraciones del IVA, el IRPF y retenciones del trabajo. Los servicios de inspección han constatado un aumento de los alzamientos de bienes, práctica ilegal para eludir las deudas fiscales.
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Las tres haciendas provinciales ejecutaron el año pasado un total de 79.497 embargos de bienes a contribuyentes que eludieron sus obligaciones fiscales. Dicha cifra representa el 8% del total de contribuyentes (casi un millón) que declaran en Euskadi. La mayoría de las actuaciones sancionadoras corresponde a multas de tráfico impagadas en el plazo establecido y, en menor medida, incumplimientos en las declaraciones del IVA, el IRPF y retenciones del trabajo. Los servicios de inspección han constatado un aumento de los alzamientos de bienes, práctica ilegal para eludir las deudas fiscales.

Las haciendas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya han extremado la persecución de los denominados "deudores fiscales" y fortalecido las actuaciones encaminadas a descubrir posibles delitos en la fase recaudatoria de los impuestos y otras obligaciones tributarias. Se ha estrechado especialmente la vigilancia sobre los alzamientos de bienes, una maniobra ilegal que va en aumento en el País Vasco. Consiste en la transmisión de bienes por el deudor a un tercero para evitar el embargo y, consiguientemente, el pago de su deuda con Hacienda. Esta práctica, asegura un portavoz del fisco vizcaíno, "puede ser constitutiva de delito en los casos de insolvencia", por lo que esta Diputación ha creado un grupo de trabajo específico dedicado a investigar y perseguir estas actuaciones delictivas.

El director general de la Hacienda guipuzcoana, Iñaki Rica, sostiene que en los últimos años se ha observado un traslado del fraude fiscal al ámbito recaudatorio mediante la "ocultación del patrimonio de manera que luego es muy difícil cobrar las deudas levantadas por los servicios de gestión e inspección de Hacienda". Por esta razón, los equipos de lucha contra la elusión fiscal están tratando de anticiparse a este tipo de prácticas.

En este sentido, durante el año pasado se alcanzaron en Guipúzcoa 582 acuerdos de procedimientos de derivación de responsabilidad (un 300% más que en 2004) y en Vizcaya se lograron 219 acuerdos (un 29% más). Álava no ha facilitado estos datos a la espera de presentarlos antes en las Juntas Generales. Mediante la fórmula de la derivación de responsabilidad, las haciendas exigen el pago de la deuda a otras personas diferentes de los morosos, principalmente por carecer éstos de bienes para hacer frente a su débito.

"Cuando una empresa no abona sus deudas, le son exigidas bajo determinados supuestos a las empresas sucesoras o a los administradores de éstas, que responden con sus propios bienes", explica un representante de la Hacienda vizcaína. Estas acciones permitieron recaudar 3,8 millones de euros en Vizcaya y 2,4 millones en Guipúzcoa durante el pasado ejercicio.

Aplazamientos

Para hacer frente a las deudas de los morosos, en Vizcaya se ejecutaron el pasado ejercicio 56.000 embargos de bienes, en Guipúzcoa 18.300 y en Álava 5.197 para cobrar multas de tráfico impagadas e incumplimientos en las declaraciones del IVA, el IRPF y las retenciones de trabajo. El cobro de las multas que impone la Ertzaintza a los conductores es una gestión que el Gobierno tiene encomendada a las diputaciones. Representan el grueso de los embargos, aunque también su cuantía media es menor.

Las haciendas retienen cuentas corrientes, salarios y bienes inmuebles, principalmente. En menor medida, créditos, vehículos, fondos de inversión, bienes muebles o rentas de alquileres.

En Vizcaya, se ejecutaron 54 embargos cautelares (un 500% más que en 2004), una figura de reciente creación. Se realizan antes de iniciarse el procedimiento administrativo de apremio y sólo en el supuesto de que existan "indicios fundados de que el deudor no va a pagar cuando recibe la notificación de la deuda", explica un representante del área de recaudación.

Vizcaya realizó 6.100 aplazamientos de pago y Guipúzcoa, otras 3.268, que permitieron recuperar para las arcas forales 147 millones de euros y 36,3 millones, respectivamente. Además, la Hacienda vizcaína suspendió 977 deudas por presentar garantías (avales o seguros de crédito).

Una vez practicadas estas actuaciones, Vizcaya logró ingresar 66 millones de euros en el periodo de la recaudación ejecutiva. En Guipúzcoa se lograron 18,7 millones. Estas cantidades son el resultado de actuar contra los deudores tras cumplirse el plazo voluntario para hacer frente a sus deudas y de practicar los aplazamientos, los embargos y ejecutar las garantías.

En una comparecencia reciente en las Juntas, el titular de la Hacienda vizcaína, José María Iruarrizaga, destacó que la bolsa de fraude que anualmente aflora en esta provincia ronda los 160 millones de euros y que en los dos últimos años y medio se han trasladado a la Fiscalía 26 casos de presunto delito fiscal.

Iñaki Rica destaca que el área de recaudación en Guipúzcoa realizó el año pasado "un gran esfuerzo en la implantación de herramientas informáticas que han permitido la simplificación de las actuaciones y mayor agilidad al tramitar y resolver los expedientes", lo que se tradujo en "un aumento considerable de la productividad y la eficacia".

Las haciendas vienen realizando por sistema durante los últimos años un seguimiento exhaustivo de la situación financiera y patrimonial de los deudores, sobre todo de aquéllos que acumulan una morosidad larga en el tiempo o son reincidentes.

También han inspeccionado especialmente los supuestos de sucesión de empresas, bajas en los censos de actividades económicas y deudores de especial relevancia, y cruzan los datos con otras administraciones tributarias y con los registros Mercantil y de la Propiedad.