Londres se niega a compensar a los 85.000 inversores que perdieron su pensión
La ombudsman del Parlamento británico ha culpado al Gobierno de las pérdidas sufridas por 85.000 inversores cuando colapsaron sus fondos de pensiones. La ombudsman, Ann Abraham, estima que la información del Gobierno sobre los esquemas de esos fondos fue "a veces inexacta, a menudo incompleta, ampliamente inconsistente y en consecuencia potencialmente engañosa", por lo que concluye que el Gobierno debería disculparse, pagar el dinero perdido por los pensionistas y compensarles.
El Ejecutivo estima que eso costaría unos 22.000 millones de euros a las arcas públicas y, como ...
La ombudsman del Parlamento británico ha culpado al Gobierno de las pérdidas sufridas por 85.000 inversores cuando colapsaron sus fondos de pensiones. La ombudsman, Ann Abraham, estima que la información del Gobierno sobre los esquemas de esos fondos fue "a veces inexacta, a menudo incompleta, ampliamente inconsistente y en consecuencia potencialmente engañosa", por lo que concluye que el Gobierno debería disculparse, pagar el dinero perdido por los pensionistas y compensarles.
El Ejecutivo estima que eso costaría unos 22.000 millones de euros a las arcas públicas y, como el informe no es vinculante, se niega a pagar. El primer ministro, Tony Blair, argumentó ayer en el Parlamento que si la Hacienda pública compensara a los inversores por su quebranto "estaría sentando un precedente de proporciones financieras extraordinarias". "Pura y simplemente, no podemos hacer eso dada la circunstancia de que la causa de esa pérdida es el colapso de los propios fondos de pensiones", se defendió.
Más de 200 de los perjudicados habían llevado el caso ante la ombudsman con el argumento de que ellos invirtieron en esos fondos porque la publicidad del Gobierno hacía creer que la inversión tenía la garantía del Estado incluso en caso de quiebra de los fondos.
El problema arranca de un nuevo esquema de fondos de pensiones privados puesto en marcha por el Gobierno conservador en 1995. A finales de los noventa y principios de este siglo el nuevo Gobierno laborista, que llegó al poder en 1997, incentivó esos fondos con una nueva serie de desgravaciones y los promovió de manera activa ante el temor de que el sistema de pensiones privadas fracasara tras el agujero de 400 millones de libras de la época (600 millones de euros al cambio de hoy) dejado por las empresas del desaparecido financiero de la prensa Robert Maxwell. Pero muchas empresas acogidas a esos fondos acabaron quebrando y los ahorradores se encontraron con que sus inversiones se habían volatilizado o reducido de manera muy drástica.