El tripartito ha gastado en estudios 54 millones, 3 menos de lo previsto

Los 16 departamentos de la Generalitat, sin incluir sus organismos autónomos, han cumplido desde la llegada del nuevo Gobierno los límites presupuestarios sobre contratación de estudios e informes a empresas externas. De los 54 millones presupuestados para 2004 y 2005 se gastaron 51, tres menos de lo previsto. Entre estos informes figuran cinco que elaboró el presidente del Consejo Consultivo, Joaquín Tornos, "actividad que no vulnera" la ley de incompatibilidades. Convergència pidió ayer su dimisión.

Hasta este año el Gobierno catalán no ha podido unificar la contabilidad de los difere...

Los 16 departamentos de la Generalitat, sin incluir sus organismos autónomos, han cumplido desde la llegada del nuevo Gobierno los límites presupuestarios sobre contratación de estudios e informes a empresas externas. De los 54 millones presupuestados para 2004 y 2005 se gastaron 51, tres menos de lo previsto. Entre estos informes figuran cinco que elaboró el presidente del Consejo Consultivo, Joaquín Tornos, "actividad que no vulnera" la ley de incompatibilidades. Convergència pidió ayer su dimisión.

Hasta este año el Gobierno catalán no ha podido unificar la contabilidad de los diferentes departamentos y sus organismos autónomos, que en algunos casos generan más actividad financiera que el propio departamento del que dependen. De ahí la dificultad a la hora de averiguar la cantidad total que la Generalitat desembolsa por este concepto. Mientras que en el presupuesto de cada departamento se especifica el dinero que puede invertir en "estudios y proyectos", los organismos autónomos no tienen sistematizada esta partida.

La llegada al Gobierno del tripartito supuso poner orden, al menos desde el punto de vista contable, a la contratación de informes y sondeos. Así, en el año electoral de 2003, el Gobierno de Convergència i Unió presupuestó 13 millones para esta partida. Mucho más fue lo que se gastó: 21 millones de euros, lo que significa un desvío presupuestario del 61,5%.

Con la llegada del tripartito, las previsiones de gasto se cumplieron, incluso hubo superávit. De esta manera, en 2004 se presupuestaron 23 millones, dos más de los que se acabaron gastando. En 2005 el Gobierno también desembolsó menos de lo presupuestado: 33 millones de euros de una previsión de 34.

A estas cantidades habría que añadir el gasto de los organismos autónomos, una cifra hasta ahora desconocida debido a que los anteriores gobiernos no tenían un contabilidad centralizada. El tripartito tampoco dispone de esta cifra. A tenor de la respuesta parlamentaria del Gobierno catalán al diputado del Partido Popular Daniel Sirera, el gasto de la Generalitat en su conjunto fue de 72,9 millones de euros, de los que aproximadamente 19 millones corresponderían a los organismos autónomos.

Bajo estas cifras, sin embargo, se esconden informes de obligada elaboración para el Gobierno por tratarse de estudios técnicos de obras públicas o informes previos para la prestación de servicios, según fuentes del tripartito. Sin embargo, también se incluyen otros trabajos más discutibles para mejorar la estrategia política y comunicativa del Ejecutivo, valorados en cerca de 760.000 euros. El Gobierno catalán argumentó que la falta de personal en algunos departamentos obliga a "externalizar" algunos servicios.

CDC pide ceses

La autoría de algunos de estos informes también ha levantado una gran polvareda política. Ayer la agencia Efe informó de que el presidente del Consejo Consultivo, Joaquín Tornos, elaboró cinco de estos informes, por un valor de 39.480 euros. Los departamentos que encargaron estos estudios fueron los de Salud, Relaciones Institucionales, Universidades y Política Territorial. Ninguno de estos informes, según declaró ayer a este periódico Joaquín Tornos, afecta a su actividad como presidente de este organismo -que no requiere dedicación exclusiva-, pues ni se refieren a recursos de inconstitucionalidad ni a proyectos de ley. Además, la legislación vigente permite compatibilizar el cargo que ocupa con el ejercicio profesional de la abogacía. "Legalmente no hay el más mínimo problema", señaló.

Opinión contraria sostuvo ayer el portavoz de Convergència, David Madí, quien pidió la dimisión de Tornos. "La única incompatibilidad clara y taxativa de los miembros del Consultivo es que no pueden tener ningún tipo de asesoramiento ni consultoría ni contrato con el Gobierno debido al carácter de independencia que tienen", manifestó. El de Tornos no fue el único cese que pidió Madí. También lo reclamó para el primer consejero, Josep Bargalló, cuya esposa trabajó para el Instituto Catalán de la Mujer, organismo dependiente de Bargalló. Antes lo hizo para los gobiernos de CiU, el PP y el PSOE.

Un socio del despacho de abogados de Tornos, Joan Perdigó, también realizó informes por encargo del Gobierno catalán. En concreto elaboró tres anteproyectos de ley: uno sobre el área metropolitana de Barcelona, otro sobre la organización territorial en veguerías y un tercero respecto a la creación del Instituto Catalán Internacional para la Paz. Perdigó facturó sus informes a título personal y no a través del bufete que comparte con Tornos.