"El tripartito debe ir más allá para investigar la corrupción que dejó CiU"

Iniciativa per Catalunya no tolerará que el escándalo de las encuestas falsas y ocultas de los Gobiernos de Jordi Pujol vuelva a cerrarse en falso. El portavoz parlamentario de esta formación, Joan Boada (Hostalets d'en Bas, 1959) considera que sólo a través de la vía judicial se podrá resolver un caso en el que ve un presunto delito de malversación de fondos al haber utilizado CiU encuestas pagadas con dinero público para trazar su estrategia partidista.

Pregunta. Tras analizar las más de 140 encuestas y estudios del Gobierno de Pujol hallados en los archivos de Presidencia, ¿qu...

Iniciativa per Catalunya no tolerará que el escándalo de las encuestas falsas y ocultas de los Gobiernos de Jordi Pujol vuelva a cerrarse en falso. El portavoz parlamentario de esta formación, Joan Boada (Hostalets d'en Bas, 1959) considera que sólo a través de la vía judicial se podrá resolver un caso en el que ve un presunto delito de malversación de fondos al haber utilizado CiU encuestas pagadas con dinero público para trazar su estrategia partidista.

Pregunta. Tras analizar las más de 140 encuestas y estudios del Gobierno de Pujol hallados en los archivos de Presidencia, ¿qué es lo más grave que ha encontrado?

Respuesta. De entrada no se registraron 33 encuestas hechas a partir de 1998, cuando entró en vigor la ley que así lo establecía. Esto ya puede ser un delito. Pero una vez analizado el contenido de las encuestas, hemos descubierto otro presunto delito de malversación de fondos públicos pues, al ocultar las encuestas, sólo CiU se benefició de unas encuestas que podían haber tenido interés para el conjunto de la población.

"El caso de las encuestas confirma que en los Gobiernos de Pujol hubo una actividad fraudulenta masiva tanto en beneficio del partido como en beneficio personal"

"El pacto entre CiU y PSC para cerrar la comisión de investigación de las encuestas fue un fraude. Fue la más rápida de la historia pero también la menos eficiente"

P. ¿Puede haber delito en el estudio que analizaba la adscripción ideológica de varios profesionales de TV-3 y Catalunya Ràdio?

R. Creo que aquí sólo cabe una reprobación política y ética muy severa, pues demuestra que la Administración de Pujol impulsó una caza de brujas en la televisión catalana en su cruzada para imponer su ideología nacionalista en todas las instituciones. Hizo una lista de periodistas buenos y periodistas malos, y esto es impensable en un gobierno democrático.

P. ¿Qué diferencia hay entre esto y el el estudio sobre los medios de comunicación que le costó el cargo al secretario de Comunicación Miquel Sellarès ya en el Gobierno que ustedes apoyan?

R. Nosotros condenamos el denominado informe Sellarès y apoyamos su decisión de dimitir. Quien la hace la paga. David Madí, que también acabó dimitiendo en su día, es ahora la mano derecha de Artur Mas en Convergència, quien le hace los discursos. Esta es la diferencia entre este Gobierno y el anterior.

P. ¿Cómo considera la aparente despreocupación CiU ante la aparición de estas encuestas?

R. No debe verse este episodio como algo aislado. Recordemos el caso Trabajo, el caso turismo, con condena de cárcel incluida para nueve militantes de Unió. Sumémosle lo que ahora hemos sabido sobre Ferrocarrils de la Generalitat, empresa en la que una docena de dirigentes se hicieron planes de pensiones con dinero público que ahora les han reportado hasta 120 millones de pesetas. El caso Pallerols... No puede ser que los gobernantes metan la mano en el cajón y luego se defiendan diciendo que todo el mundo hace lo mismo. No es cierto, no todos hacemos lo mismo. Ellos [CiU] lo hicieron, no nosotros. Las encuestas acaban de demostrar que en los Gobiernos de Pujol había elementos de corrupción importante, una actividad fraudulenta masiva tanto en beneficio del partido como en beneficio personal.

P. De momento ustedes son el único partido que ha acudido a la fiscalía, pero por ahora no parece que el Gobierno del que ICV forma parte tenga voluntad de ir mucho más lejos.

R. Desde el primer día de este nuevo Gobierno no he compartido una posición, parece que bastante extendida, de que no debía irse más allá de hacer una auditoría sobre la gestión económica del anterior Ejecutivo. Con todo lo que encontramos, aquel informe debería haber generado una depuración de responsabilidades políticas y legales. Llevarlo a la fiscalía era nuestra obligación. No como venganza, sino para aclarar qué ocurrió realmente en el anterior Gobierno. Aquí el Gobierno no ha compartido lo que nosotros pensábamos. Sólo el Departamento de Medio ambiente y Vivienda, a través de Adigsa, ha llevado al fiscal toda la información sobre el denominado caso del 3%.

P. Así pues, ¿considera que el Gobierno tripartito no ha sido suficientemente duro con los casos de corrupción de CiU?

R. El tripartito debería haber ido más allá para investigar estos casos que dejó CiU. Conociendo lo que conocemos sobre las prácticas fraudulentas de los Gobiernos de Pujol deberíamos haber depurado todas las responsabilidades. Y no sólo para perseguirlo, sino para gobernar con más tranquilidad, porque ahora estamos al frente de la Generalitat y todavía no sabemos qué más puede salir de los cajones.

P. En 2003 se tuvo la ocasión de investigar a fondo el asunto de las encuestas y la comisión de investigación se cerró tras la dimisión de David Madí.

R. Es cierto. En esta comisión CiU y PSC pactaron para que fuera la comisión más rápida de la historia, pero también la más ineficaz. Fue un fraude. Dimitió Madí, sí, pero no se llegó al fondo.

P. ¿Y ahora se llegará?

R. Ahora está en manos de la justicia, que ya es más de lo que se llegó a hacer hace tres años.

P. CiU pedirá su dimisión si finalmente no se halla un delito. ¿Lo haría?

R. No. Yo me he limitado a hacer mi trabajo como diputado: llevar a la fiscalía un caso en el que creo que puede haber un delito de malversación de fondos públicos. No persigamos a quien denuncia la existencia de un presunto delito, sino a quien lo ha cometido si se acaba demostrando.