Aferrados a la justicia

"Nos sentimos como David contra Goliat, en una pelea en la que el tiempo corre en nuestra contra. Pero estamos arropados por el poder de la razón y del sentido común, y por eso vamos a seguir luchando". El transcurso de casi un año de decepciones, esperanzas truncadas, desplantes y olvido no ha mellado el deseo de Carmen Muñoz de continuar reclamando donde proceda y ante quien sea lo que considera justo. Ella es una de los 157 profesores interinos que han perdido su estabilidad laboral por no poder acreditar de forma suficiente el conocimiento del euskera exigido para dar clase en la red públi...

"Nos sentimos como David contra Goliat, en una pelea en la que el tiempo corre en nuestra contra. Pero estamos arropados por el poder de la razón y del sentido común, y por eso vamos a seguir luchando". El transcurso de casi un año de decepciones, esperanzas truncadas, desplantes y olvido no ha mellado el deseo de Carmen Muñoz de continuar reclamando donde proceda y ante quien sea lo que considera justo. Ella es una de los 157 profesores interinos que han perdido su estabilidad laboral por no poder acreditar de forma suficiente el conocimiento del euskera exigido para dar clase en la red pública vasca. Su caso pasó a ser objeto de discusión y debate público cuando la mitad de ellos comenzaron el 21 de febrero de 2005, hace casi un año, un encierro en el instituto Bertendona de Bilbao para reclamar al Departamento de Educación una salida para su situación.

El apoyo a sus reclamaciones por parte de CCO, UGT, PP y PSE, las declaraciones de las formaciones nacionalistas a favor de una salida dialogada -todo ello en periodo electoral-, las posturas en su defensa del Ararteko, el Defensor del Pueblo o la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, entre otros, no movieron un ápice ni la decisión del Gobierno vasco, que había aprobado en 2004 el decreto que generaba esta situación. Ni tampoco la postura de los sindicatos ELA, LAB y STEE-EILAS, que habían firmado el acuerdo con el Ejecutivo que propició esta medida.

Al contrario. La anterior titular de Educación, Anjeles Iztueta (EA), desechó el camino del acuerdo y apostó por una cruda confrontación, en la que lanzó duras recriminaciones acerca de la capacidad y de la voluntad de aprender euskera de los afectados. Tras más de cuatro meses sin coseguir los frutos pretendidos, los profesores interinos suspendieron el encierro, aunque a partir de septiembre pasado continuaron sus reclamaciones, de nuevo sin éxito, frente al nuevo consejero, Tontxu Campos, también de Eusko Alkartasuna. El desgaste ante la falta de resultados, la necesidad de continuar sus estudios subvencionados de euskera y el logro de plazas provisionales han mermado el número de profesores interinos que siguen en la brecha, reclamando la restitución de lo que consideran su derecho a la estabilidad.

No obstante, cuarenta de ellos siguen manifestándose todas las semanas frente a las sedes de PNV y EA en Bilbao, y no cejan en una batalla que se niegan a dar por perdida. "Es cierto que algunos se han enfriado, pero la mayoría continúa indignada por lo que estamos viviendo. Por eso seguimos adelante. Además, creemos que la readmisión es factible y vamos a luchar por ello", explica Pablo García de Vicuña.

En la justicia, la metafórica y la real, basan sus esperanzas. La sentencia dictada en octubre por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el recurso de CC OO contra la pérdida de estabilidad, que estableció que se podían exigir perfiles lingüísticos en euskera en plazas para dar asignaturas en castellano sin haber demostrado su necesidad, generó una ilusión que se esfumó cuando el Gobierno vasco la recurrió ante el Tribunal Supremo. "Esto le obligaba, le obliga y le obligará a modificar el decreto, pero mientras tanto tratan de dilatar el resultado final y siguen convirtiendo las plazas de castellano en euskera, aunque no hagan falta", critican Pablo y Carmen. Una denuncia que ratifica el secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras, Javier Nogales.

Mari José es una de las tres personas que durante este convulso periodo han recibido la incapacidad laboral absoluta, en su caso por la reaparición de una grave enfermedad. Su lucha ha pasado a ser otra, pero no deja de apoyar siempre que puede a sus compañeros para reparar lo que califica como una injusticia, que ejemplifica en uno de los numerosos casos concretos que se pueden encontrar. "Una compañera llevaba 14 años en el mismo centro, siete de ellos atendiendo a chavales problemáticos. Por la falta de perfil pierde la estabilidad y su puesto lo ocupa otra persona que al mes y medio está de baja y su puesto queda sin cubrir. ¿Qué se les puede decir entonces a los padres? ¿En qué ha mejorado la oferta docente para sus hijos?", se preguntan.