La Generalitat aprueba los primeros 153 'masters' adaptados a la nueva norma europea

Los posgrados universitarios serán a precio público, según el baremo que fije el ministerio

Las universidades catalanas impartirán a partir del curso que viene 153 masters, que tendrán la catalogación de oficiales y serán los primeros homologados con arreglo a la norma europea, recogida en la llamada declaración de Bolonia, que regulará el espacio universitario europeo. Los masters han sido aprobados por el Departamento de Universidades y tendrán entre 60 y 120 créditos. Se harán a precio público en las universidades públicas, pero la Generalitat deberá esperar a que el Ministerio de Educación fije una horquilla para decidir el precio final.

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Las universidades catalanas impartirán a partir del curso que viene 153 masters, que tendrán la catalogación de oficiales y serán los primeros homologados con arreglo a la norma europea, recogida en la llamada declaración de Bolonia, que regulará el espacio universitario europeo. Los masters han sido aprobados por el Departamento de Universidades y tendrán entre 60 y 120 créditos. Se harán a precio público en las universidades públicas, pero la Generalitat deberá esperar a que el Ministerio de Educación fije una horquilla para decidir el precio final.

Las 11 universidades catalanas impartirán 42 masters técnicos, 37 de ciencias, 18 de ciencias de la salud, 24 de humanidades y 32 sociales. Un tercio de los masters serán interuniversitarios, es decir, en algunos casos se podrán iniciar en una universidad y acabar en otra catalana, española o extranjera; en otros, los profesores serán compartidos por varias universidades, explicó Carles Solà, consejero de Universidades, Investigacion y Sociedad de la Información.

Solà remachó que los masters han sido aprobados tras un informe del Consejo Interuniversitario de Cataluña, que reúne a la Generalitat y las universidades.

Sólo podrán llamarse masters los que hayan sido aprobados por la Administración. Los de las universidades públicas deberán ser a precio público, es decir, por debajo de su coste efectivo. Las carreras actuales en las universidades públicas no suelen costar más de 1.000 euros al año y apenas cubren el 20% del coste efectivo.

Solà no quiso manifestarse sobre el precio de los nuevos masters. Insistió en que habrá que esperar a conocer la horquilla de precios que fijará el Ministerio de Educación y sobre ella la Generalitat podrá decidir el precio. Su opinión, sin embargo, es que hay masters que deberán seguir teniendo un precio público puro. Por ejemplo, los que exigen este título para una capacitación profesional como condición indispensable para firmar proyectos como es el caso de arquitectos o ingenieros de caminos de diferentes ámbitos.

El consejero reclamó competencias para fijar estos precios y decidir también sobre las becas. "El Estado autonómico no ha llegado a la universidad", se lamentó Solà, "porque el Gobierno central sigue regulándolo casi todo".

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Las universidades privadas como la URL, la UIC o la de Vic, que coordinarán 10 de los 153 masters aprobados, podrán poner libremente el precio.

Se da la paradoja de que los masters o posgrados se aprueban cuando aún no se han concretado los cursos de grado, que no empezarán hasta el 2008- 2009, según el acuerdo suscrito por los países de la llamada declaración de Bolonia.

El consejero de Universidades reconoció que esta es una situación extraña pero dijo que son dos procesos paralelos: por un lado, los nuevos grados que empezarán dentro de dos años y, por otro, los masters o posgrados aprobados ayer hasta que ambos caminos converjan en 2012 cuando acaben sus estudios los primeros titulados con arreglo a las normas europeas.

El caso inglés

A una pregunta sobre la propuesta que lanzó hace varios años el ex rector de la Universidad de Barcelona Josep Maria Bricall de crear créditos-renta para los alumnos, Solà alabó el sistema previsto en Inglaterra. "Los alumnos logran un crédito que les permite dejar la casa de sus padres y dedicarse a estudiar. Lo retornan cuando empiezan a trabajar si ganan más de 37.000 euros al año con un gravamen en el Impuesto sobre la Renta". Si en 10 años no logran trabajo ya no deben devolver el crédito", recalcó.

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