Cajas y política industrial

Los responsables del área de Economía de la Ejecutiva del PSPV lamentaron ayer la escasa implicación de las dos grandes cajas de ahorro valencianas en inversiones de corte industrial, con miras a largo plazo, frente a su decidida apuesta por el negocio inmobiliario.

En un almuerzo con periodistas, Enrique Villareal, responsable del área económica del PSPV, apuntó que la posibilidad de capitalizar la deuda de Terra Mítica para salvar el parque de las exigencias de los acreedores - una estrategia que barajan la Generalitat Valenciana y las dos grandes cajas de ahorro, que acumulan en conj...

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Los responsables del área de Economía de la Ejecutiva del PSPV lamentaron ayer la escasa implicación de las dos grandes cajas de ahorro valencianas en inversiones de corte industrial, con miras a largo plazo, frente a su decidida apuesta por el negocio inmobiliario.

En un almuerzo con periodistas, Enrique Villareal, responsable del área económica del PSPV, apuntó que la posibilidad de capitalizar la deuda de Terra Mítica para salvar el parque de las exigencias de los acreedores - una estrategia que barajan la Generalitat Valenciana y las dos grandes cajas de ahorro, que acumulan en conjunto más del 60% del capital del parque-, debe ir acompañada de un plan de viabilidad que garantice el futuro del negocio. De lo contrario no pasaría de aplazarse el problema de fondo, que reside en una estimación demasiado optimista de la afluencia a las instalaciones que se tradujo en un exceso de la dimensión del complejo de ocio.

Los responsables económicos del PSPV también avanzaron que han elaborado un borrador para una futura ley de hacienda valenciana que desvinculará la contabilidad de la Generalitat de la figura del interventor, cuyo papel se limitaría a fiscalizar las cuentas para conseguir que "los papeles reflejen la realidad", sentenció Miguel Mazón.

Villareal insistió en la necesidad de sanear las cuentas públicas y sugirió que las restricciones al endeudamiento que establece el plan de estabilidad acordado con el Estado hasta 2008 limita "el crecimiento del agujero financiero de la Generalitat, pero no lo remedia".

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