El Gobierno preguntará a los municipios a qué comarca y veguería quieren pertenecer
El tripartito evita pronunciarse sobre los aspectos más espinosos de la reforma territorial
Con un debate estatutario que el Gobierno catalán considera "a punto de cerrar", el tripartito se dispone a afrontar este mismo mes otro espinoso asunto. el de la nueva división de Cataluña en veguerías. Tres departamentos de la Generalitat están ultimando una propuesta para remitir al Parlament, que, a falta de una visión unitaria en el seno del tripartito, elude pronuciarse sobre los límites que tendrán las veguerías y cuáles serán sus capitales. Antes de pedir al Parlament que se pronuncie, el Gobierno preguntará a los ayuntamientos a qué comarca y veguería quieren pertenecer.
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Con un debate estatutario que el Gobierno catalán considera "a punto de cerrar", el tripartito se dispone a afrontar este mismo mes otro espinoso asunto. el de la nueva división de Cataluña en veguerías. Tres departamentos de la Generalitat están ultimando una propuesta para remitir al Parlament, que, a falta de una visión unitaria en el seno del tripartito, elude pronuciarse sobre los límites que tendrán las veguerías y cuáles serán sus capitales. Antes de pedir al Parlament que se pronuncie, el Gobierno preguntará a los ayuntamientos a qué comarca y veguería quieren pertenecer.
Las sensibilidades territoriales están a flor de piel en muchos rincones de Cataluña. Ayuntamientos, plataformas ciudadanas y algunos partidos políticos de diferentes comarcas están en contra de la organización en siete veguerías que prepara el Gobierno, tanto por las divisiones que puede establecer, que en algunos casos consideran artificiales, como por las capitalidades. Aquí las rivalidades comarcales están en el primer punto del orden del día.
Por este motivo y también porque la unanimidad está lejos de existir en el seno del tripartido, el documento base que prepara el Gobierno catalán para enviar a la ponencia parlamentaria que se ocupa de la nueva división territorial evitará pronunciarse sobre los temas más espinosos. Ayer, el Consell Executiu conoció el estado de los trabajos que preparan los tres consejeros encargados del asunto: Joan Carretero (Gobernación), Joan Saura (Relaciones Institucionales) y Joaquim Nadal (Política Territorial).
En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el primer consejero, Josep Bargalló, explicó que el Gobierno se ha decidido a dar luz verde a la nueva organización territorial una vez se ha "clarificado" el diseño territorial de Cataluña en el marco del nuevo Estatuto.
Pero las reformas no alcanzarán, al menos de momento, los objetivos que se habían planteado en un principio. Por ejemplo, la nueva organización territorial se desvincula por completo de la reforma de la ley electoral catalana, que era otro compromiso del Gobierno tripartito y que levanta ampollas en Convergència i Unió y no pocos recelos en Esquerra Republicana.
Así pues, el documento que el Gobierno remitirá al Parlament incluirá una propuesta de creación de siete veguerías -Barcelona, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Girona, Ponent, Terres de l'Ebre y Alt Pirineu i Aran-, pero no determinará límites territoriales. Tampoco habrá propuesta de número ni de límites territoriales de las comarcas y sus capitales, y se deja en manos del Parlament la decisión final.
En el proceso el Gobierno catalán también quiere dar voz a los municipios. Por este motivo Bargalló aseguró que "en paralelo" a la presentación del documento marco del Gobierno en el Parlament se impulsará una "encuesta municipal" para preguntar a los ayuntamientos a qué comarca quieren pertenecer y a qué veguería debería adscribirse esta comarca.
Bargalló admitió que el dibujo del nuevo mapa territorial catalán "levantará pasiones y cierta morbosidad", pero señaló: "Como Gobierno, sólo definimos ámbitos e iniciamos un proceso para la delimitación" sobre el terreno. Destacó que "lo importante" no es el mapa, sino "el nivel de descentralización de la Generalitat en el territorio, la coordinación municipal".
Lo que sí tiene fijado el Gobierno, y en esto el acuerdo en el tripartito es sólido, es que el número de veguerías no sea superior a siete. Con ello se quiere evitar una excesiva fragmentación territorial, un argumento que no sirve en determinadas zonas de Cataluña, como en las comarcas del Ripollès y Osona, donde diferentes entidades se han unido para defender una octava veguería, la del Alt Ter.
El objetivo del tripartito es que el documento marco sea aprobado por el Consell Executiu antes de acabar el mes de febrero para que pueda ser debatido en el Parlament durante este periodo de sesiones. De esta forma se podría cumplir con lo establecido en el Pacto del Tinell y tener lista la nueva organización territorial en 2007.
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