"Parece que sólo se fiscaliza a Vitoria"
El alcalde fue subiendo de tono durante su comparecencia ante la comisión municipal de Hacienda. Tras intentar desmontar las críticas contenidas en el informe, pasó al ataque y acusó al Tribunal de Cuentas de emplearse con mayor celo con el Ayuntamiento de Vitoria, mientras que no audita con la misma firmeza a Bilbao y San Sebastián. "Todas las actuaciones políticas han estado presididas por la transparencia. Cuánto me gustaría que esto pudieran demostrarlo también mis colegas en Bilbao y San Sebastián, pero parece que sólo hay fiscalizaciones en Vitoria", resaltó el primer edil.
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El alcalde fue subiendo de tono durante su comparecencia ante la comisión municipal de Hacienda. Tras intentar desmontar las críticas contenidas en el informe, pasó al ataque y acusó al Tribunal de Cuentas de emplearse con mayor celo con el Ayuntamiento de Vitoria, mientras que no audita con la misma firmeza a Bilbao y San Sebastián. "Todas las actuaciones políticas han estado presididas por la transparencia. Cuánto me gustaría que esto pudieran demostrarlo también mis colegas en Bilbao y San Sebastián, pero parece que sólo hay fiscalizaciones en Vitoria", resaltó el primer edil.
Los informes del tribunal son fruto de las peticiones que le eleva la comisión de Economía del Parlamento, en la que se encuentran representados todos los partidos. Por lo general, el listado de peticiones que anualmente traslada la Cámara suele estar consensuada por los grupos.
En el caso de Vitoria, el tribunal ha fiscalizado la operación de El Boulevard, así como otros 34 convenios urbanísticos. El órgano fiscalizador reprochó recientemente a Alonso su tardía reacción ante los retrasos de los promotores en levantar pisos en la zona de Salburua y Zabalgana. En total, los constructores acumularon retrasos de entre 14 y 17 meses con fines especulativos, es decir, no construían para mantener los precios con una oferta cautiva.
"El incumplimiento de plazos fue tolerado por la Administración", destaca en su informe el tribunal, a pesar de que existía una cláusula de penalización. Según la oposición, la aplicación de dicha cláusula hubiese reportado al Ayuntamiento hasta 40 millones de euros en aprovechamientos de terrenos y la consiguiente construcción de pisos a su favor. Sólo cuando Alonso llegó a amenazar a los constructores con penalizarles, éstos decidieron acelerar los trabajos.