El Supremo de EE UU veta una ejecución en el último instante
Era el martes por la noche. Clarence Hill estaba atado a la camilla y tenía en los brazos las agujas para la aplicación intravenosa de la inyección letal en la prisión estatal de Florida, cuando el Tribunal Supremo de EE UU detuvo la ejecución, según informó ayer su abogado, Todd Doss. El Supremo aceptó ver un recurso de Hill, por lo que el aplazamiento de la sentencia durará ahora hasta el fin de ese proceso legal.
La apelación mantiene que el procedimiento es inconstitucional porque los presos sufren dolor cuando reciben la inyección letal que administra el Estado de la Florida, lo qu...
Era el martes por la noche. Clarence Hill estaba atado a la camilla y tenía en los brazos las agujas para la aplicación intravenosa de la inyección letal en la prisión estatal de Florida, cuando el Tribunal Supremo de EE UU detuvo la ejecución, según informó ayer su abogado, Todd Doss. El Supremo aceptó ver un recurso de Hill, por lo que el aplazamiento de la sentencia durará ahora hasta el fin de ese proceso legal.
La apelación mantiene que el procedimiento es inconstitucional porque los presos sufren dolor cuando reciben la inyección letal que administra el Estado de la Florida, lo que convierte la ejecución en un castigo "cruel e inusual". Doss también alega que Hill, condenado por asesinar a un policía en 1982 durante un robo, sufre retraso mental. Desde que en 1976 se restableció la pena de muerte en Florida, han sido ejecutadas en el Estado 60 personas.
En el mismo Estado de Florida, un hombre encarcelado durante 24 años recuperó el lunes la libertad, tras ser exonerado de los cargos de violación y robo a mano armada después de someterse a pruebas de ADN. Alan Crotzer, de 45 años, estuvo encarcelado en Tampa por un robo en 1981, además del secuestro y violación de una mujer y su hija de 12 años.
"¿Está listo para escuchar lo que tanto ha esperado?", le preguntó el juez. Y añadió: "Petición concedida. Queda libre". Al menos 172 personas erróneamente condenadas en EE UU han sido exoneradas por pruebas de ADN desde 1989, según la organización Proyecto Inocencia.