El Tribunal de Cuentas critica el convenio de la Diputación con el Alavés
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha criticado el convenio firmado por la Diputación alavesa con la Fundación Deportivo Alavés para la promoción de actividades deportivas por "eludir los principios de publicidad y concurrencia". Esta censura figura en el informe de fiscalización de las cuentas forales de 2003. El convenio, que asciende a 900.000 euros, se aprobó sin acreditar las circunstancias que hubiesen justificado la imposibilidad de aplicar el principio de publicidad.
El convenio se extiende a las temporadas 2003-2004 a 2005-2006. En otros informes, el órgano auditor también h...
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha criticado el convenio firmado por la Diputación alavesa con la Fundación Deportivo Alavés para la promoción de actividades deportivas por "eludir los principios de publicidad y concurrencia". Esta censura figura en el informe de fiscalización de las cuentas forales de 2003. El convenio, que asciende a 900.000 euros, se aprobó sin acreditar las circunstancias que hubiesen justificado la imposibilidad de aplicar el principio de publicidad.
El convenio se extiende a las temporadas 2003-2004 a 2005-2006. En otros informes, el órgano auditor también ha reprochado a las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa haber cerrado convenios parecidos con el Athletic y la Real Sociedad, respectivamente. En estos casos, el tribunal no vio ninguna necesidad de que las diputaciones concedieran la ayuda y, si eran realmente necesarias, planteó que fuesen aprobadas por las Juntas Generales de ambos territorios.
En el caso del Alavés, la censura se dirige contra la Fundación, ya que el equipo sí recibió una subvención foral que previamente fue aprobada por las Juntas alavesas, como pide el tribunal.
El convenio con la Fundación Deportivo Alavés es una de las excepciones a la legalidad que el tribunal ha observado en su informe de fiscalización, pero también apunta otros incumplimientos de la normativa. Es el caso de la prórroga por quinta vez consecutiva, sin publicidad ni concurrencia previa, del contrato administrativo para la prestación del servicio de la Agencia Ejecutiva.
Este servicio está desempeñado por una empresa privada que se encarga de cobrar las multas a los ciudadanos antes de ser embargados debido a las deudas contraídas con la Administración. Con la prórroga acordada, el contrato cumplió 14 años de vigencia, lo que según el tribunal, "supera cualquier previsión legal para este tipo de contratos". El importe pagado por la Diputación alavesa a la empresa que se encarga de la Agencia Ejecutiva como premio de cobranza durante el año 2003 ascendió a 890.000 euros.
El informe de fiscalización censura también a la Diputación alavesa que no incluya en sus declaraciones fiscales del IRPF los pagos de primas de seguro de vida e invalidez de su personal, que deben ser considerados como retribuciones en especie a efectos del pago de este impuesto. Tampoco se incluyen las cesantías pagadas a los altos cargos forales por un importe total de 49.000 euros.