Los titulados en Derecho tendrán que pasar un curso para ejercer como abogados
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de acceso a la abogacía y la procura, que entrará en vigor seis años después de su aprobación definitiva. Dicho proyecto establece que los estudiantes que hayan hecho su carrera de Derecho tendrán que pasar unos cursos de carácter práctico de los que serán evaluados antes de poder ejercer como abodados. No habrá pasantía porque ésta queda incluida en este periodo de formación práctica. Esto, dice el Gobierno, "permitirá homologar a los profesionales españoles" para que puedan ejercer en Europa.
Estos cursos de posgrado se impartirán...
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de acceso a la abogacía y la procura, que entrará en vigor seis años después de su aprobación definitiva. Dicho proyecto establece que los estudiantes que hayan hecho su carrera de Derecho tendrán que pasar unos cursos de carácter práctico de los que serán evaluados antes de poder ejercer como abodados. No habrá pasantía porque ésta queda incluida en este periodo de formación práctica. Esto, dice el Gobierno, "permitirá homologar a los profesionales españoles" para que puedan ejercer en Europa.
Estos cursos de posgrado se impartirán en las universidades o en las escuelas de práctica jurídica que formalicen convenios con alguna universidad. Los ministerios de Justicia y Educación serán los encargados de convocar las comisiones que evaluarán a estos licenciados. Estos exámenes no tendrán límite de solicitudes, se convocarán al menos una vez al año y su contenido será igual en toda España. Este título profesional no se exigirá a quienes ya estén colegiados cuando entre en vigor la ley.
Los rectores han criticado este proyecto porque impone dos títulos, primero el académico y después el profesional. Exigen que la formación profesional esté inlcuida en la carrera académica, mediante posgrados, siempre en el ámbito universitario.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, manifestó, sin embargo, su satisfacción por la aprobación del proyecto "que la abogacía española ha reclamado desde hace más de un siglo para garantizar la calidad de la asistencia letrada a los ciudadanos".