La Junta de Latina adjudicó contratos por valor de 48.000 euros al hermano de un alto cargo

La Junta Municipal de Latina, presidida por la concejal Nieves Sáez de Adana (PP), adjudicó en el último año y medio al menos tres contratos de obras, que suman un monto de 48.160 euros, a la empresa Urbasa. Los administradores de esta empresa son Beatriz Barrachina y su marido, Salvador Ballarín, hermano este último de Borja Ballarín Iribarren, jefe de servicios técnicos de la Junta de Latina cuando se produjeron las adjudicaciones. El PSOE amenaza con denunciar a la concejal de Latina por presunta "prevaricación" si el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, no la destituye. El Ayuntamiento admite ...

La Junta Municipal de Latina, presidida por la concejal Nieves Sáez de Adana (PP), adjudicó en el último año y medio al menos tres contratos de obras, que suman un monto de 48.160 euros, a la empresa Urbasa. Los administradores de esta empresa son Beatriz Barrachina y su marido, Salvador Ballarín, hermano este último de Borja Ballarín Iribarren, jefe de servicios técnicos de la Junta de Latina cuando se produjeron las adjudicaciones. El PSOE amenaza con denunciar a la concejal de Latina por presunta "prevaricación" si el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, no la destituye. El Ayuntamiento admite las "irregularidades" y estudia abrir un expediente disciplinario, aunque sostiene que no ha existido "corrupción".

La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece, en su artículo 28.b), que cuando los funcionarios o empleados públicos tengan "parentesco" o "amistad manifiesta" con los administradores de las empresas que concurran a un procedimiento de contrato, esos funcionarios "se abstendrán de intervenir en el procedimiento".

Borja Ballarín fue jefe del departamento de Servicios Técnicos de la Junta de Latina, en calidad de funcionario interino, desde 1999 y hasta que, el pasado julio, obtuvo plaza por oposición en la Junta de Carabanchel. En sus dos últimos años en Latina, con el conocimiento de la concejal-presidente del distrito, Nieves Sáez de Adana, participó en al menos tres procedimientos de contrato -con carácter "negociado" y, por tanto, sin concurso público- que acabaron siendo adjudicados a la empresa de la que es administrador solidario su hermano Salvador.

Urbasa, Proyectos y Obras SL se hizo así con la dirección facultativa de la primera fase de unas obras de reforma del colegio Joaquín Dicenta, en julio de 2004 (9.238 euros), recibió idéntico encargo para la segunda fase de las obras en junio de 2005 (10.418 euros) y elaboró el proyecto de esas mismas obras (28.504 euros).

En los tres casos, y en contra de lo que establece la ley, Borja Ballarín firmó la "propuesta de adjudicación" en la que la empresa administrada por su hermano y su cuñada era elegida como "la más ventajosa para los intereses municipales", según figura en los expedientes y admite el propio Ballarín.

Los contratos se adjudicaron por la fórmula "negociada", sin concurso ni publicidad, al tener un monto menor de 30.000 euros. Esta fórmula consiste en que la Junta invita a participar a tres empresas -las que la propia Junta decide- y luego elige a dedo a una de ellas. En los tres casos, Urbasa fue la que presentó una oferta económica más ventajosa para las arcas públicas. Pero el PSOE sostiene que ese procedimiento no fue más que una pantomima y que las otras dos empresas que, en cada ocasión, competían con Urbasa eran invitadas a participar sólo para dar "apariencia legal" al proceso.

"Es evidente que se ha vulnerado la ley. Vamos a llevar estos contratos a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones y no descartamos acudir a la vía judicial, porque las irregularidades en esta junta ya se han convertido en norma", afirma la concejal socialista Noelia Martínez. La edil subraya que su denuncia no va contra el funcionario Ballarín, sino contra la concejal-presidente del distrito, Nieves Sáez de Adana, del PP: "Debe dimitir o ser destituida. La responsabilidad política es suya. Y en su actuación ha podido existir prevaricación [tomar a sabiendas una decisión injusta], porque ella era plenamente consciente de que esos contratos vulneraban la ley".

Borja Ballarín ha explicado a este periódico que él mismo advirtió a Sáez de Adana de la posible incompatibilidad de su participación en los procedimientos de contrato al tener relación manifiesta con una de las empresas. "Le planteé si debía abstenerme, pero ella consultó a los servicios jurídicos y me aseguró que no había ningún problema porque quien iba a firmar en última instancia las adjudicaciones era ella, no yo, aunque yo firmara la propuesta de adjudicación", afirma Ballarín.

Y añade: "Fue violento para mí. De hecho, hasta que esta concejal llegó a Latina yo nunca invité a Urbasa a ningún procedimiento negociado. Cuando Nieves Sáez de Adana se hizo cargo de la Junta, en 2003, me dijo expresamente que tenía que invitar a Urbasa a procedimientos negociados, porque ya conocía a mi cuñada, Beatriz Barrachina, había trabajado con su empresa en otras juntas de distrito y consideraba que era una buena profesional".

"Le dije que la invitara"

Nieves Sáez de Adana confirma que Ballarín le advirtió verbalmente de la conveniencia de abstenerse en el proceso, y que ella le dijo que no era necesario. "La propuesta de adjudicación la firma él, pero la decisión la tomo yo. Los servicios jurídicos me explicaron que no había problema. Además, Beatriz Barrachina es una gran arquitecta, no se le puede impedir trabajar porque sea la cuñada de un funcionario. Por eso, cuando nos planteamos acometer la obra de reforma del colegio Joaquín Dicenta, le dije a Borja Ballarín que debía invitar a Urbasa al procedimiento, porque yo sabía que haría bien ese trabajo", argumenta la concejal.

El responsable de Coordinación Territorial del Ayuntamiento, José Manuel Berzal, admite que la actuación de Ballarín "pudo vulnerar la Ley de Régimen Jurídico", aunque la atribuye a "un error administrativo", y no entra a valorar la actuación de Sáez de Adana. "Creemos que no ha habido mala fe y, desde luego, no ha habido quebranto para las arcas públicas. Pero vamos a estudiar estos contratos y si, como parece, se ha vulnerado la ley, abriremos un expediente y tomaremos medidas", asegura.