Tumor marbellí
La decisión, lógica aunque tardía, de la Junta de Andalucía de retirar al Ayuntamiento de Marbella las competencias urbanísticas obedece a un intento de poner fin a los desmanes del fallecido Jesús Gil y Gil en sus más de diez años al frente de la alcaldía, y continuados luego por sus sucesores, Julián Muñoz y Marisol Yagüe. La alcaldesa Yagüe ha superado las tropelías del que fue fundador del Grupo Independiente Liberal (GIL), pues desde que llegó al cargo, en agosto de 2003, fruto de un pacto de tránsfugas del GIL y del PSOE, acumula ya la misma cantidad de recursos y denuncias por delito ur...
La decisión, lógica aunque tardía, de la Junta de Andalucía de retirar al Ayuntamiento de Marbella las competencias urbanísticas obedece a un intento de poner fin a los desmanes del fallecido Jesús Gil y Gil en sus más de diez años al frente de la alcaldía, y continuados luego por sus sucesores, Julián Muñoz y Marisol Yagüe. La alcaldesa Yagüe ha superado las tropelías del que fue fundador del Grupo Independiente Liberal (GIL), pues desde que llegó al cargo, en agosto de 2003, fruto de un pacto de tránsfugas del GIL y del PSOE, acumula ya la misma cantidad de recursos y denuncias por delito urbanístico que Gil y Muñoz en 12 años y exhibe un sonrojante certificado de conducta: 18 de los 27 miembros del Consistorio están imputados o condenados, entre ellos 11 de los 13 concejales del equipo de gobierno, empezando por la propia alcaldesa.
Resulta difícil de entender que las autoridades andaluzas no hayan podido recurrir mucho antes a procedimientos expeditivos legales, conscientes de los atropellos cometidos por Gil y sus sucesores. En ese sentido, deben asumir su propia cuota de culpa tanto el PSOE como el PP por no haber sabido, o querido, actuar con mayor diligencia y haber propiciado el nacimiento del fenómeno Gil. Tampoco están libres de carga los órganos judiciales por no haber resuelto con más celeridad las denuncias.
El tumor de Marbella, que empieza a tener reflejos en otros municipios, es de tal gravedad que muy posiblemente no pueda ser extirpado sólo con esta acción de la Junta de Andalucía. De entrada, habrá que ver si finalmente será viable el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), propuesto por el Gobierno de Chaves y contestado por el Ayuntamiento marbellí. El plan contempla la legalización de 25.000 de las 30.000 viviendas construidas en todo este tiempo y que se hallan en situación alegal, así como la edificación de otras 50.000 en los próximos 15 años. Entretanto, parece insostenible, desde el más elemental sentido común, que la actual Junta municipal pueda continuar sobreviviendo hasta las elecciones municipales de 2007.