La Liga teme que el Estatuto baje sus ingresos de las quinielas
"Los clubes ven fantasmas", dice Homs, uno de los ponentes del texto
La alarma ha saltado en la Liga Profesional al conocer el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña. Teme que su aprobación tal y como está redactado la lleve a la quiebra. El borrador del artículo 141, sobre Juego y Espectáculos, incluye la participación de la Generalitat en los ingresos de las quinielas. Los clubes están preocupados porque se reduciría el dinero que reciben por ese concepto y peligraría la devolución del crédito de casi 230 millones por el plan de saneamiento.
La Liga, presidida por José Luis Astiazarán, recibe actualmente de las quinielas el 10% de su recaudación, lo qu...
La alarma ha saltado en la Liga Profesional al conocer el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña. Teme que su aprobación tal y como está redactado la lleve a la quiebra. El borrador del artículo 141, sobre Juego y Espectáculos, incluye la participación de la Generalitat en los ingresos de las quinielas. Los clubes están preocupados porque se reduciría el dinero que reciben por ese concepto y peligraría la devolución del crédito de casi 230 millones por el plan de saneamiento.
La Liga, presidida por José Luis Astiazarán, recibe actualmente de las quinielas el 10% de su recaudación, lo que la pasada temporada le supuso 55 millones de euros, es decir más del 80% de los ingresos totales de su presupuesto anual. De esa cantidad, el 30%, según un real decreto, se destina a amortizar el crédito de Cajamadrid, que vence en 2009. Otro 30% se aplica a las medidas de seguridad en los estadios de la Primera División y la Segunda. Y el 40% restante se reparte entre los clubes que acrediten estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.
Según las cuentas de la Liga, el juego de las quinielas en Cataluña representa el 15% del total del país. De este modo, si la Generalitat participara con ese porcentaje, los clubes verían recortados, por ejemplo, entre ocho y nueve millones los 55 que reciben.
No obstante, el artículo 141 del proyecto de Estatuto no se refiere en ningún momento a porcentaje alguno de participación. Y en su apartado 2 establece que una comisión mixta Estado-Generalitat fijará los criterios al respecto. Francecs Homs, diputado de CiU y uno de los ponentes del Estatuto, afirmó en ese sentido: "La Generalitat tiene competencias exclusivas en materia de juego [salvo en las apuestas deportivas] y, por tanto, sería razonable que participara en los rendimientos". En cualquier caso, recalcó que todo está pendiente de la negociación del Estatuto y, de ser aprobado, de lo que establezca la aludida comisión. Los clubes están viendo demasiados fantasmas en todos los terrenos".
La reducción que teme la Liga sería peligrosa para ella, pues paga anualmente más de 12 millones, incluidos los intereses, como amortización del crédito de Cajamadrid y viene destinando en las últimas temporadas unos 12,5 millones a las medidas de seguridad en los estadios. Además, abona ocho a la federación en concepto de arbitraje y otros ocho por convenios con el propio organismo federativo, seis, y la Asociación de Futbolistas, dos. Por añadidura, tiene pendiente el pago de otros 34 millones a Antena 3, que, según sentencia del Tribunal Supremo, fue perjudicada en 1989 por la venta de los derechos de televisión. Por último, sobre los clubes de Primera pesan 288 millones de deudas fiscales de 1996 a 1999, según las actas de la Agencia Tributaria, recurridas ante el Tribunal Económico Administrativo.
Ante este panorama, los dirigentes de la Liga tienen previsto dirigirse al secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, para mostrarle su preocupación y pedirle que adopte las medidas necesarias. La Liga también se ha dirigido a la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE) en busca de apoyo.
Juan Gallardo, asesor jurídico de la ONLAE, ha redactado un informe, relativo al citado artículo 141 que obra en poder del Ministerio de Hacienda. Elaborado con fecha del 26 de octubre pasado, concluye que la participación de la Generalitat en los ingresos de las quinielas, entre otros juegos, es anticonstitucional: "Supone la quiebra del principio de solidaridad previsto en el artículo 138 de la Constitución y la vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de reparto de competencias en asuntos de juego de ámbito estatal".
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