Argentina y Uruguay reabren la 'guerra de las papeleras'
Una insinuación sobre el cobro de sobornos indigna al Gobierno de Montevideo
El Gobierno de Uruguay ha llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires, Francisco Bustillo, después de que el gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, el peronista Jorge Busti, asegurara que las autoridades uruguayas podrían haber recibido "incentivos" para la instalación de dos fábricas papeleras (una de ellas española) en su territorio, junto al fronterizo río Uruguay. Argentina ha mostrado su enfado por supuestos daños medioambientales.
El Gobierno de Uruguay ha llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires, Francisco Bustillo, después de que el gobernador de la...
El Gobierno de Uruguay ha llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires, Francisco Bustillo, después de que el gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, el peronista Jorge Busti, asegurara que las autoridades uruguayas podrían haber recibido "incentivos" para la instalación de dos fábricas papeleras (una de ellas española) en su territorio, junto al fronterizo río Uruguay. Argentina ha mostrado su enfado por supuestos daños medioambientales.
El Gobierno de Uruguay ha llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires, Francisco Bustillo, después de que el gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, el peronista Jorge Busti, asegurara que las autoridades uruguayas podrían haber recibido "incentivos" para la instalación de dos fábricas papeleras (una de ellas española) en su territorio, junto al fronterizo río Uruguay. Argentina ha mostrado su enfado por supuestos daños medioambientales.
Con el respaldo de toda la oposición, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, llamó el domingo a su embajador en Argentina, un hecho que en el lenguaje diplomático expresa el importante desagrado por una acción cometida por otro Gobierno. Horas más tarde, Argentina seguía la misma lógica y llamaba a su embajador en Montevideo, Hernán Patiño. El ministro de Exteriores uruguayo, Reinaldo Gargano, calificó las declaraciones del gobernador argentino de "agravio" y advirtió de que sus palabras "traspasaron los límites que Uruguay considera imprescindibles para las buenas relaciones con el vecino país".
En declaraciones a Radio Continental, Busti trató ayer de explicarse y aseguró que sus palabras habían sido malinterpretadas. "De ninguna manera me refería a algo espurio", aseguró. El mismo domingo, y ante la tormenta diplomática desencadenada, el gobernador de Entre Ríos emitió un comunicado en el que detallaba a qué había querido referirse con la palabra incentivos. Según Busti hablaba de la importante inversión que supone la instalación de las papeleras -1.500 millones de euros-, la generación de empleo que conlleva y el gran impulso a la economía uruguaya que supondrá. "No basta", respondió desde Uruguay su ministro de Exteriores. Ayer, varios políticos uruguayos pidieron una declaración conjunta de los ministros de Exteriores para aclarar el incidente.
Anoche, la Casa Rosada emitió un comunicado para rebajar la tensión. En él se señala que el Ejecutivo argentino "está plenamente convencido de que las autoridades uruguayas no actúan motivadas por ningún otro incentivo que no sea el de la interpretación de la mejor defensa de sus intereses nacionales, aunque éstos hasta el momento se contradigan con los del Gobierno argentino".
Se trata de una crisis diplomática inédita entre los dos países, que no sólo tienen una fluida relación entre sus ciudadanos y son socios comerciales sino que, además, en teoría, tienen gobiernos afines ideológicamente. Además, el desencuentro se produce cuatro días antes de que Vázquez y el presidente argentino, Néstor Kirchner, se vean cara a cara en la IV Cumbre de las Américas, que comienza el jueves en la localidad argentina de Mar del Plata.
El anuncio hecho en mayo de que dos papeleras -la española Ence y la finlandesa Botnia- pensaban construir sendas factorías en Fray Bentos, a 300 kilómetros de Montevideo y frente a la provincia argentina de Entre Ríos, levantó polémica desde el principio. Organizaciones ecologistas de ambos países advirtieron del fuerte peligro de contaminación que se cierne sobre el Río de la Plata, desmentido tanto por las empresas como por la embajada finlandesa en Buenos Aires por lo que a Botnia se refiere.
El Gobierno argentino recogió el argumento y su ministro de Exteriores, Rafael Bielsa, advirtió de que la protección medioambiental es un mandato constitucional en Argentina y, por tanto, no es negociable. El incidente se produce en un escenario delicado para la política exterior argentina: Bielsa, que ha sufrido una importante derrota electoral en los comicios del 23 de octubre, dejará su puesto a primeros de diciembre.