Dos veces en la misma piedra
Hace dos años aproximadamente, el Gobierno del PP hizo uso del privilegio procesal contemplado en el artículo 161.2 de la Constitución para impugnar ante el Tribunal Constitucional la aprobación por el Gobierno vasco del Proyecto de Reforma del Estatuto, intentando impedir de esta manera que el proyecto pudiera ser debatido y aprobado en el Parlamento. Posteriormente, una vez que el Tribunal Constitucional hubiera decidido que tal impugnación era procesalmente impertinente y que el proyecto de reforma fuera aprobado por el Parlamento vasco, el PP, ya en la oposición, propuso que el texto aprob...
Hace dos años aproximadamente, el Gobierno del PP hizo uso del privilegio procesal contemplado en el artículo 161.2 de la Constitución para impugnar ante el Tribunal Constitucional la aprobación por el Gobierno vasco del Proyecto de Reforma del Estatuto, intentando impedir de esta manera que el proyecto pudiera ser debatido y aprobado en el Parlamento. Posteriormente, una vez que el Tribunal Constitucional hubiera decidido que tal impugnación era procesalmente impertinente y que el proyecto de reforma fuera aprobado por el Parlamento vasco, el PP, ya en la oposición, propuso que el texto aprobado en el Parlamento vasco no se debatiera en el Congreso de los Diputados, sino que se remitiera directamente al Tribunal Constitucional, para que fuera este órgano constitucional el que adoptara la decisión sobre el mismo. A lo largo de todo el proceso, el PP fundamentó su conducta en que, de no actuarse de esa manera, se ponía en peligro la unidad de España.
El Proyecto de Reforma del Estatuto de Gernika fue debatido en el pleno del Congreso de los Diputados y fue desactivado políticamente de una manera impecablemente democrática, sin que la unidad de España y su integridad territorial sufriera el más mínimo menoscabo.
Pero, como el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, nos encontramos de nuevo ante la cantinela insufrible de la ruptura de la unidad de España y de la amenaza respecto de su integridad territorial por parte de la dirección del PP, como consecuencia de la aprobación por el Parlamento de Cataluña del Proyecto de Reforma del Estatuto de Sau. Y de forma similar a como se hizo en el caso vasco, también ahora la dirección del PP ha exigido que no se le dé al proyecto de reforma catalán la tramitación parlamentaria prevista, sino que se rechace expresamente su ingreso en las Cortes Generales, por entender que es el Tribunal Constitucional el que tiene que pronunciarse en primera instancia sobre el mismo. Y ha empezado a correr el rumor de que los diputados del Grupo Parlamentario Popular pueden ausentarse del debate en el Congreso.
No acabo de entender adónde piensa llegar la dirección del PP por esta vía. Una manifestación de voluntad de un Parlamento autónomo adoptada por casi unanimidad no puede ser rechazada por las Cortes Generales sin tomarla siquiera en consideración. La reforma propuesta por el Parlamento de Cataluña tiene que ser debatida seriamente, esto es, tiene que ser debatida con la finalidad de que se pueda llegar a un acuerdo. Y ello exige dar razones de por qué no se acepta la reforma que se propone. Razones que no tienen por qué ser de naturaleza exclusivamente constitucional. No basta con que el texto que se propone no sea anticonstitucional. Tiene que ser un buen texto, que diseñe una buena fórmula de gobierno.
La discrepancia con el texto aprobado por el Parlamento de Cataluña puede ser amplia, pero tiene que ser razonada y tiene que pasar la prueba del examen contradictorio en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados con la delegación del Parlamento de Cataluña. Ningún partido político puede eximirse de pasar por esa prueba. Se ha respetado hasta el momento de manera escrupulosa el procedimiento previsto en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña para poner en marcha la reforma de este último y tiene que seguir siendo respetado. Por todos. También por el PP. No puede escudarse en el riesgo de la ruptura de la unidad de España para eximirse del cumplimiento de una obligación.