OPA DE GAS NATURAL SOBRE ENDESA

Hacienda reclama que Endesa devuelva 37 millones de ayudas

La solicitud afecta a subvenciones al carbón cobradas entre 1998 y 2000

La Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha solicitado a Industria que abra un "expediente de reintegro" de ayudas a las empresas mineras Encasur (100% de Endesa) y Coto Minero del Sil (del empresario Victorino Alonso). La intervención pide que devuelvan 50 millones de euros de subvenciones cobradas indebidamente en 1998, 1999 y 2000. A Encasur le reclama 37 millones, y a Coto Minero del Sil, 13 millones. La reclamación, sobre la que tiene que decidir Industria, se da en plena OPA Gas Natural-Endesa y cuando se negocia un nuevo plan minero.

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La Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha solicitado a Industria que abra un "expediente de reintegro" de ayudas a las empresas mineras Encasur (100% de Endesa) y Coto Minero del Sil (del empresario Victorino Alonso). La intervención pide que devuelvan 50 millones de euros de subvenciones cobradas indebidamente en 1998, 1999 y 2000. A Encasur le reclama 37 millones, y a Coto Minero del Sil, 13 millones. La reclamación, sobre la que tiene que decidir Industria, se da en plena OPA Gas Natural-Endesa y cuando se negocia un nuevo plan minero.

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Sobre la empresa Encasur, propiedad de Endesa y que cuenta con explotaciones en Peñarroya (Córdoba) y Puertollano (Ciudad Real), la Intervención General del Estado sostiene que cobró 37.113.453 euros entre los años 1998 y 2000 "incumpliendo la finalidad de la subvención", que es cubrir la diferencia entre lo que cuesta extraer el carbón y el precio al que se vende.

Siempre según la intervención, Encasur cobró en 1998 un total de 4,1 millones de euros por carbón contratado con la empresa Elcogás que nunca llegó a suministrar. Encasur, que en 2003 extrajo 1,5 millones de toneladas de carbón, cuenta con una plantilla de 500 empleados, más otros 135 contratados externos.

Falta de datos

En el caso de la empresa Coto Minero del Sil, empresa propiedad del empresario Victorino Alonso, que en el año 2002 se integró en el grupo minero Uminsa (1.700 empleados en León, Palencia y Asturias), la intervención destaca que no ha aportado al control financiero datos para "conocer el coste de producción de cada tonelada de carbón según su origen", y que su declaración de costes "no responde a los gastos reales contabilizados que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias auditada". La reclamación de la intervención a Coto Minero del Sil se eleva a 13.173.025 euros.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, dependiente de Industria, ha presentado alegaciones contra las reclamaciones de Hacienda (efectuadas en junio y noviembre de 2004), destacando el grave perjuicio que podría suponer para las empresas, para el empleo y para el conjunto del sector. Pero la Intervención del Estado mantiene que las ayudas deben ser devueltas.

Según fuentes del Ministerio de Industria, será el titular del departamento, José Montilla, quien deberá decidir ahora si mantiene las ayudas supuestamente cobradas de forma indebida (para lo que tendrán que ser convalidadas por el Gobierno) o, por el contrario, decide que las ayudas deben volver a las arcas públicas.

Entre 1998 y el año 2005, las ayudas estatales directas a la minería han ascendido a 8.500 millones de euros, a los que hay que añadir otros 3.125 millones para reactivar las comarcas mineras.

Negociación

La reclamación se produce en plena negociación de un nuevo Plan de la Minería del Carbón 2006-2012 entre Industria y los sindicatos. Coincide también con la OPA de Gas Natural sobre la eléctrica Endesa, que ha desatado un duro enfrentamiento entre ambas compañías.

La negociación de Industria con los sindicatos mineros está en punto muerto y las centrales han amenazado con movilizaciones. Ayer, el responsable de minería de CC OO, Rafael Varea, manifestó, según Efe, que los sindicatos han dado a Industria "un voto de confianza" hasta el lunes para decidir si convocan movilizaciones.

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